Bendita sea la Junta Nacional de Justicia

Alberto Otárola pierde la compostura y arremete con un golpe bajo contra el contralor de la República Nelson Shack. ¿El motivo? Que el contralor señalara que solo durante el 2023, durante el primer año de Dina Boluarte, la corrupción ascendió a S/ 24,000 millones, todo un récord. La corrupción está desatada. Pero en lugar de rendir cuentas, el presidente del Consejo de Ministros la emprende contra el contralor.

Es que si de algo se debe sentir muy cómodo el gobierno es del debate alrededor de la Junta Nacional de Justicia. Es un distractivo lo suficientemente potente que permite que aquellos que mayor crítica y control podrían ejercer sobre otros problemas vigentes (me refiero al Congreso de la República) se dediquen, con exclusividad, a hablar de temas tan lejanos para el pueblo como institucionalidad, legalidad y constitucionalidad.

La situación es de tanta conveniencia para el gobierno que Boluarte y Otárola no solo arremeten contra el contralor sino que hasta se permiten terciar entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. “No se peleen, conversen”, dice la presidenta en tono entre solemne y maternal. “No sacrifiquen la institucionalidad” dice, con la mirada puesta en el horizonte, el funcionario responsable de dar explicaciones sobre el año más corrupto de este siglo.

Pero la dedicación mayoritaria del Parlamento a los afanes con la Junta Nacional de Justicia tiene otro beneficiario: el ministro del Interior, Víctor Torres. Este, en reunión con la prensa, se permite sugerir que los medios de comunicación difundan también las cosas buenas; “que las hay”, remata con tono preocupante. Y se permite deslizar la idea de que las cosas no son tan graves como las pinta la prensa, que sería un tema de percepción.

En los tiempos en que el Congreso fiscalizaba y se hacía respetar, un ministro que se atrevió a decir que la ola delictiva no era tal sino solo una percepción, tuvo que renunciar ante la presión política y la indignación ciudadana. En estos días el ministro Torres puede decir lo mismo, y ni siquiera hay comentarios críticos de los parlamentarios. Es decir, no hay quien vele por los intereses ciudadanos que están sometidos, golpeados, por la ola delincuencial que asola a la ciudadanía con el sicariato, la extorsión, los secuestros al paso y los robos y asesinatos por doquier. La preocupación de la ciudadanía va por el lado de la crisis económica y la terrible inseguridad que roba y mata, pero el Congreso no tiene tiempo para fiscalizar todo eso; tiene que dedicarse a algo más cómodo, defenestrar a la Junta Nacional de Justicia. Tampoco tienen tiempo para fiscalizar la corrupción.

Que los miembros de la JNJ han hecho méritos para estar en el ojo de la tormenta, no cabe duda. Y que merezcan la destitución es algo que no es una exageración. Pero que el Congreso se desconecte de la real y verdadera preocupación ciudadana –que va por el lado de la inseguridad, la ola delictiva y la crisis económica– es algo que no puede continuar.

El gobierno, mediocre e incapaz de enfrentar a la delincuencia, anda feliz de que la agenda esté copada por el tema de la JNJ. Los extorsionadores, los sicarios, los secuestradores y los corruptos, también.