Admirable Policía Nacional

Recuerdo que el 2006 se produjo un paro de protesta contra la minera china Shougang –en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica– que incluyó bloquear con piedras y llantas la pista de acceso a la ciudad, afectando a empresarios, comerciantes y pobladores de la zona. En esas circunstancias, yo ejercía el cargo de congresista y viajé al epicentro del conflicto, comprobando varios hechos significativos.

Lo primero que recuerdo es el sacrificado trabajo de la policía, trasladada de diversos lugares para garantizar el orden público. Un centenar de efectivos llegaron en varios camiones, que utilizaron como dormitorios, soportando incomodidades y altas temperaturas. La comisaría, ubicada frente a ese original campamento, en un local deteriorado, facilitaba a sus efectivos baños precarios y servía de cuartel general para planificar acciones, evaluar resultados y hacer los ajustes operativos correspondientes.

Con admirable espíritu de servicio y disciplina, cumplieron eficientemente su trabajo, protegiendo un yacimiento minero que no les brindaba ningún servicio, ni siquiera alimentos o una línea telefónica para contactar con familiares. La empresa se negó a colaborar económicamente para mejorar los ambientes de la maltrecha y pequeña comisaría.

Shougang fue la primera empresa pública privatizada. Su desempeño fue negativo; perverso, diríamos mejor. Sin la menor sensibilidad, al asumir la propiedad del complejo despidieron a 1,500 trabajadores y desalojaron a 600 familias de sus viviendas, construidas 35 años atrás por la compañía estadounidense Marcona Mining Company.

Como si se tratara de la ocupación militar de un área ocupada por el enemigo, después del desalojo los directivos de Shougang ordenaron cortar la luz y el agua, para luego tapar con adobes y cemento las puertas y ventanas de las casas. Surgió, así, una ciudad fantasma, que obligó a sus pobladores a trasladarse a pequeños módulos en la periferia de la ciudad, hechas con esteras, sin agua potable, electricidad y los damnificados sin trabajo. Más aún, a pesar de contar con un terreno de 640 km2, no aceptaron donar a la municipalidad un km2 para la expansión urbana de la ciudad ni pagaban el impuesto predial, aduciendo que eran un campamento minero.

A pesar de conocer esos abusos, la policía cumplió su trabajo de resguardar el orden público. Como siguieron haciendo entre diciembre del 2022 y enero del 2023, enfrentaron a turbas extremistas que durante cincuenta días bloquearon carreteras, atacaron cinco aeropuertos, ambulancias, locales públicos y privados, e intentaron asaltar el Congreso de la República. Una tarea en la que los policías se jugaron la vida, como hizo el suboficial José Luis Soncco, a quien infames subversivos quemaron vivo en su patrulla.

¿Recordamos acaso que combatiendo al terrorismo murieron 2,590 militares y policías y 1,423 quedaron discapacitados? ¿Tenemos presente que la Policía estuvo en la primera línea de lucha contra la pandemia, muriendo 787 miembros y 50,616 resultaron contagiados, según cifras oficiales del Ministerio del Interior de julio de 2021? ¿Acaso los regímenes de Vizcarra, Sagasti y Castillo resarcieron económicamente a los familiares de los agentes fallecidos o heridos no sólo en los violentos disturbios, sino también enfrentando con admirable valor al crimen organizado, que se expande alarmantemente? ¿Olvidamos que fue la Policía Nacional la que capturó al mandatario golpista Pedro Castillo cuando intentó poner en marcha un golpe y, tras fracasar, escapaba con dirección a la embajada mexicana?

En estos momentos difíciles, en que sectores violentistas amenazan este 19 de julio con una toma de Lima –alentada por extremistas vinculados al Movadef, Sendero Luminoso y a las portátiles del ex mandatario Pedro Castillo–, debemos brindar nuestra confianza y respaldo al trabajo policial, que juntamente con los representantes del Ministerio Público, garantizan el mantenimiento de un estado constitucional de derecho. 

Es decir, garantizan nuestra democracia, la libertad y los derechos humanos de los peruanos.