Vizcarra y los fiscales

El presidente Martín Vizcarra ha dejado en claro, en los meses de su administración, que le gusta interferir en el funcionamiento de las instituciones. Solicitó que Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación, dé un paso al costado cuando IDL-Reporteros y los medios tradicionales lanzaron una de las campañas más feroces en contra del magistrado, incluidas las encuestas de Ipsos. La campaña era una suma de leyendas. Luego del referéndum convocó a los presidentes del Congreso, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero excluyó adrede al Fiscal. El jefe de Estado desarrollaba otro capítulo en la guerra para remover a Chávarry.

Unos días antes, Vizcarra asistió al CADE y pechó a Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, quien se había atrevido a protestar porque el fiscal Domingo Pérez —uno de los más cercanos a IDL-Reporteros— pretende judicializar a los empresarios del país porque aportaron para una campaña en defensa del régimen económico de la Constitución, amenazado por el programa de la Gran Transformación de Humala. Los aportes fueron bancarizados y tienen los correspondientes certificados de donación. Sin embargo, Vizcarra golpeó en el evento. El objetivo: evitar cualquier disidencia política, pero también respaldar al sector de fiscales políticos que desarrolla investigaciones selectivas en contra de la oposición.

Más tarde, Vizcarra se sumó a la campaña de los medios de comunicación tradicionales que pretenden que el Congreso retroceda en la norma sobre financiamiento ilícito de partidos. Una ley absolutamente racional que pretende descriminalizar la política y precisar los delitos políticos en las campañas frente al tipo de delito de lavados de activos, tal como lo han señalado los especialistas. Al margen de los argumentos a favor o en contra, Vizcarra anunció que observaría la norma porque “afectaba la lucha contra la corrupción” y, de alguna manera, respaldaba el marco jurídico que le ha permitido a los fiscales politizados —vinculados a IDL-Reporteros— estirar la ley como goma para encarcelar a la oposición.

Pero las cosas no quedan allí. Con el argumento de la lucha contra la corrupción, el Ejecutivo promulgó un decreto legislativo que permite a la autoridad tributaria embargar los bienes del responsable legal de una empresa, solo con la sospecha de elusión. Adiós a los procesos administrativos y judiciales previos, tal como mandan Constitución y ley. ¿Se acuerdan del “RUC sensible” de Vladimiro Montesinos para apretar a los empresarios? Bueno, a pensar.

Pero hay mucho más. También con el argumento de la lucha contra la corrupción se ha planteando la posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria. Nuestros congresistas aterrados comienzan a hablar de alternativas, sin percibir que eliminar esta protección constitucional, en la práctica, termina con cualquier posibilidad de equilibrios de poderes. Con fiscales y jueces politizados, la democracia y las instituciones estarán a merced de los rasputines que han demostrado más oficio que los atribulados fujimoristas.

Pero, ¿por qué el Presidente se embarcaría en una estrategia de este tipo? Es evidente que el círculo marxista que rodea al jefe de Estado está empujando a Vizcarra hacia una estrategia de control de instituciones. La obsesión presidencial por convertirse en el gran legislador para elaborar normas que faciliten el control, el abierto apoyo a los magistrados politizados, la tirria y temor contra Chávarry son los ingredientes de este peligroso aderezo.

A entender del suscrito, el objetivo central de esta estrategia no solo es el control del Ministerio Público y del Poder Judicial, sino también el del Tribunal Constitucional para posibilitar una eventual reelección de Vizcarra. Sin embargo, los centuriones que rodean a Vizcarra se equivocan en algo: en el país todavía hay reservas institucionales y cuando, a pesar de todo, los magistrados de segunda instancia empiecen a actuar cualquier estrategia autoritaria podría derrumbarse como un castillo de naipes. Veremos.