Vizcarra sueña con su 5 de abril

Reeditando el lenguaje agresivo contra los políticos y los partidos del 5 de abril de 1992, que desarrolló un joven Alberto Fujimori, ayer el presidente Martín Vizcarra volvió a empujar a la República a una situación límite, planteando una inconstitucional cuestión de confianza alrededor de los proyectos elaborados por la comisión de notables vizcarristas, encabezados por Fernando Tuesta. Por la manera como se expresó el jefe de Estado, es evidente que cualquier posibilidad de entendimiento con el actual Congreso ha sido cancelada y, de una u otra manera —de no mediar una disolución del Legislativo— la actual experiencia republicana avanzará hacia el 2021 desangrándose gota a gota, mientras los asuntos de la gobernabilidad son postergados por la guerra política.

Vizcarra planteó la cuestión de confianza alrededor de la llamada reforma, en la que destacan los proyectos sobre la inmunidad parlamentaria, las elecciones primarias en los partidos, la eliminación del voto preferencial y otros. Sin embargo, apenas planteada la medida todas las interrogantes constitucionales se dispararon: ¿puede el jefe de Estado plantear cuestión de confianza por proyectos de reforma constitucional y legal? ¿Algo así está contemplado en la Constitución? Era evidente que Vizcarra iba a perder el debate por goleada abrumadora ante los constitucionalistas —e incluso ante el propio Tribunal Constitucional— porque este procedimiento solo se aplica para las políticas públicas.

Sin embargo, resulta evidente que la coalición vizcarrista estaba ensayando: forzar un recurso constitucional hasta el límite, impulsar la movilización mediática, y alentar “a las masas” a exigir el cierre del Congreso, mientras se espera la oportuna encuesta de Ipsos registrando que todo el Perú está por el cierre del Legislativo. Luego de esta estrategia existían dos posibilidades: o el Congreso se volvía a poner rodillas (como lo hizo en el pasado referéndum) o se procedía a cerrar el Congreso. Y, entonces, con sombras y nebulosas constitucionales, Vizcarra lograría centralizar el poder de tal manera que la experiencia republicana desarrollada bajo la Constitución de 1993 habría llegado a su fin.

No obstante, ¿cuál va a ser el escenario si sucede lo contrario? Por ejemplo, si los miembros del Congreso deciden defender la vigencia de la Constitución y negarse a tramitar una cuestión de confianza a todas luces inconstitucional. Si los miles de padres de familia del movimiento de “Con mis hijos no te metas” desarrollan una multitudinaria movilización hacia Lima en defensa de la Carta Política y contra el pensamiento único. ¿Cuál es el eventual desenlace?

A partir de ahora a Martín Vizcarra solo le queda seguir avanzando en saltos hacia adelante, porque ha utilizado todas las armas de las que disponía para la guerra política que decidió desarrollar en contra del Legislativo. La posibilidad del cierre del Congreso es real. La eventualidad de un contragolpe del Congreso también es absolutamente viable. Un contragolpe que pondría la terrible disyuntiva disolución o vacancia en el eje de la coyuntura.

A la luz de los argumentos que presentó a favor de una supuesta lucha contra la corrupción, Vizcarra parece creer que las mayorías del país están con el Ejecutivo y que apoyarán ciegamente un cierre arbitrario del Legislativo. El jefe de Estado olvida que la gente ya sabe que el Perú ya está detenido en todas las áreas y sectores de la sociedad y la economía, y que el estribillo de la lucha contra la corrupción hoy aparece desgastado, luego de que los líderes políticos fueran encarcelados sin acusación fiscal ni juicio oral, y después de la muerte de García. También parece olvidar que la popularidad presidencial sigue cuesta abajo.

El presidente Vizcarra, pues, es un gran aventurero de la política. Se ha jugado un huachito que puede terminar con una popularidad que le durará algunas semanas o con su desalojo intempestivo de Palacio. Ya perdieron el Perú, los pobres y la experiencia republicana.