Réplicas del terremoto Lava Jato

Los líderes políticos comprometidos por las declaraciones de Jorge Barata, curiosamente, han reaccionado de la misma manera. Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García han sostenido que los posibles aportes no ingresaron a sus respectivas campañas electorales y que no sabían nada del tema. Sin embargo, los mencionados líderes no solo enfrentarán problemas ante las autoridades judiciales sino, sobre todo, un déficit de credibilidad ante la ciudadanía.

El gran problema es que, al margen de cualquier voluntad, el futuro de la democracia peruana también depende de ese elenco estable de la política, que ha sido remecido por las declaraciones de Barata. El Ejecutivo y el Legislativo tienen demasiado que ver con PPK y Keiko, y un escenario en el que la judicialización continúe y recrudezca parece impensable no solo para la democracia y las instituciones, sino también para la propia sobrevivencia de los mencionados políticos. Asistiríamos a una guerra en la que solo quedarían cadáveres regados.

Es indudable que los políticos mencionados por Barata tendrán que remar de aquí hacia el 2021 desarrollando estrategias políticas, pero también estrategias de defensa judicial. El gran problema es que hasta hoy todo estaba entremezclado: la estrategia política se confundía con la judicial. Eso ahora no parece posible.

El problema para los políticos señalados, entonces, es cómo se diferencia la estrategia política de la defensa judicial. Por ejemplo, es incuestionable que si el presidente Kuczynski nada hasta el 2021, el hombre deberá responder antes las investigaciones judiciales segundos después de abandonar el poder. Sin embargo, ¿cómo le conviene llegar? ¿O acaso solo existe la resignación a la pura sobrevivencia?

Si el presidente Kuczynski se decide a pisar el acelerador de las reformas que el Perú necesita con urgencia, de una u otra manera, llegará al 2021 con un respaldo político superior al que tiene hoy. Finalmente todo parece indicar que PPK defenderá el indulto a Fujimori contra viento y marea. Incluso —se dice— estaría dispuesto a ningunear a la Corte IDH. Si hace algo así se enfrentará frontalmente y sin escudos al ancho bloque antifujimorista. Bueno, pues, la mayoría de ese bloque representa la resistencia a las reformas que el Perú necesita con urgencia (por ejemplo la reforma laboral). Si se desata la guerra por qué no librarla a plenitud. Soñar no cuesta, pero es el único camino político que le resta a PPK.

Sorprendentemente algo similar puede suceder con Keiko. Si bien parece difícil que las cosas se le compliquen judicialmente, es evidente que Fuerza Popular no puede seguir en la pura confrontación y en el juego de las concesiones al populismo. La continuidad de la guerra crearía la imagen de que se polariza para defender a otro. Por allí no existe la menor posibilidad de futuro. La mayoría legislativa debería ser capaz de volver a representar el espacio de la centro derecha que buscaba una alianza entre el Estado, los pobres y los empresarios para enfrentar las propuestas antisistema.

Si Fuerza Popular y Keiko avanzan por esa ruta, las resistencias del antifujimorismo se debilitarán y se incrementarán las posibilidades electorales hacia el 2021, al margen de los conflictos judiciales.

En todo caso, es incuestionable que el terremoto Lava Jato ha resquebrajado todo el escenario político.