La moda del bukelismo y la defensa del Estado de derecho

La crisis de seguridad ciudadana puede desatar confusiones y desesperaciones que ignoren los momentos límites que enfrenta el sistema republicano. En algunos sectores la espiral delictiva del crimen organizado ha llevado a imaginar un bukelismo a la peruana que, a nuestro entender, puede desubicar gravemente sobre todo a los sectores de la centro derecha que, luego de la destrucción nacional causada por el Gobierno de Pedro Castillo y el golpe fallido del eje bolivariano, se ubican en inmejorable posición ante el futuro inmediato.

¿A qué nos referimos? El Gobierno destructivo de Castillo, el golpe fallido de las corrientes comunistas y la violencia insurreccional del verano pasado –que pretendían quebrar el Estado de derecho y convocar una asamblea constituyente–, de una u otra manera, vincularon los conceptos de defensa del Estado de derecho, de defensa del orden y del ejercicio constitucional de la fuerza pública al espacio fragmentado de la centro derecha. Resulta imposible que estas ideas sean asimiladas a la centro izquierda, que se ubicó de espaldas o marcó distancia de la actuación de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP).

De alguna manera, pues, la defensa del Estado de derecho y la demanda de orden de público se vincularon a los espacios de la centro derecha, sobre todo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las oenegés de izquierda sembraron dudas sobre quiénes eran los principales responsables de las muertes de más de 60 peruanos. Para cualquier peruano u hombre de buena voluntad es incuestionable que la principal responsabilidad de las muertes lamentables recae en las vanguardias radicales que atacaron aeropuertos y comisarías, vandalizaron las propiedades públicas y privadas, y desarrollaron acciones de guerra contra las fuerzas policiales.

Más allá de las campañas progresistas en los medios –muy desvinculadas del humor nacional– la defensa del Estado de derecho y la defensa del orden público son activos que la centro derecha debe preservar a cualquier costo. Por todas estas consideraciones, el debate sobre el modelo Bukele ignora el momento –quizá refundacional– de los sectores fragmentados de las derechas.

Se ha escrito hasta la saciedad sobre el tamaño de El Salvador en comparación con la extensión territorial del Perú, el control territorial de las bandas criminales salvadoreñas y las diferencias entre las complejidades de la sociedad y el Estado centroamericano con la realidad peruana. Todo eso es verdad. 

Sin embargo, la mayor verdad es que el Perú se ha convertido en un modelo continental en la defensa del Estado de derecho frente a las estrategias insurreccionales del llamado Socialismo del Siglo XXI que pretenden instalar constituyentes y refundar nuestras repúblicas. En nuestro país, con la Constitución en la mano, se ha defendido el Estado de derecho, se han preservado las garantías constitucionales y se ha ejercido el uso constitucional y legítimo de la fuerza pública, más allá de las versiones extremadamente ideologizadas de la Corte Interamericana de DD.HH. y las oenegés de la izquierda latinoamericanas y mundiales. De allí que, por su enfebrecida visión ideológica internacionalista y neocomunista, en la Corte Interamericana se llegue a sostener que en el Perú hay más violaciones de Derechos Humanos que en Venezuela.

Quienes defendieron el Estado de derecho frente a una de las más feroces amenazas violentistas en la región no pueden alegremente embarcarse en una estrategia de seguridad ciudadana en la que las garantías constitucionales de los investigados, procesados y sentenciados se relativicen como en cualquier sociedad bolivariana. De ninguna manera. Y no pueden hacerlo porque esas estrategias, generalmente, demandan concentrar el poder y debilitar el control político del Congreso y los demás balances del sistema republicano.

El Perú y las centro derechas nacionales, entonces, están obligadas a preservar la nueva identidad que acaban de asumir: el orden y la autoridad frente al crimen y la violencia que demanda la gente no es sino el otro rostro del Estado de derecho. Se trata de las dos caras de una misma moneda republicana.