La guerra por la libertad se definirá en la minería

En el Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre ya no se habla de asamblea constituyente ni de nacionalización de recursos naturales. Ante la resistencia nacional, el oficialismo se ha replegado en estos objetivos, sin embargo, desarrolla batallas parciales que definirán el curso de la libertad en el Perú. Por ejemplo, el plan de colectivizar las relaciones laborales del Ministerio de Trabajo y de la ministra Betsy Chávez, y la destrucción del sistema de propiedad de la minería, consagrada en la Constitución, en las leyes nacionales y los tratados internacionales. El objetivo: paralizar la producción minera, desarrollar enfrentamientos entre trabajadores y poblaciones e iniciar un proceso nacional de estatización de las minas de cobre.

A nuestro entender, es en el sector minero en donde más ha avanzado el plan de Perú Libre. La paralización de Las Bambas y Cuajone afecta a cerca del 30% de la producción nacional de cobre y es evidente que creará un efecto en cadena en todas las minas del Perú. El software del Gobierno de Castillo y de Perú Libre es simple: alentar a las minorías radicales –tal como lo hicieron los ex PCM Guido Bellido y Mirtha Vásquez– a plantear demandas inconstitucionales y absurdas y renunciar a ejercer la autoridad, a aplicar la Constitución y las leyes, cuando estas minorías ejercen violencia. Así se ha paralizado Las Bambas y Cuajone.

Pero no solo se trata de paralizaciones. Southern Perú Copper Corporation acaba de anunciar la postergación de una inversión de US$ 850 millones en la ampliación de Cuajone. En el caso de Las Bambas no solo se acumulan más de 461 días de paralizaciones por los bloqueos, sino que el futuro de la continuidad productiva están en peligro: las corrientes comunistas han empezado una campaña de difamación en contra de la autorización del Estado para explotar el nuevo tajo Chalcobamba. No obstante que se esperó dos años para desarrollar las consultas con la población, cuando se va a empezar la construcción del proyecto las corrientes antimineras y comunistas empiezan una campaña feroz contra el desarrollo del nuevo yacimiento.

El sistema de propiedad entonces ya no existe en la minería. Las compañías de talla mundial ya no controlan las concesiones otorgadas por el Estado frente a la acción de las minorías radicales que bloquean carreteras e invaden los campamentos mineros. ¿Cómo va a existir un sistema de propiedad si el Estado renuncia a ser Estado, renuncia a ejercer la autoridad democrática? 

Si esta estrategia prospera, entonces, ya estamos en el camino de la constituyente. ¿Por qué? Si el Gobierno de Castillo puede cargarse la Constitución, las leyes y los tratados internacionales y puede pisotear las relaciones comerciales con los países de las empresas de minería más grandes del planeta, pues ya se ha cambiado de régimen político. La pregunta que surge, ¿la desconcertada oposición no se da cuenta del gigantesco problema?

Y aplicando cierta lógica vale señalar que si el Gobierno de Castillo puede quebrar y destruir el sistema de propiedad de la minería, por qué no puede hacer lo mismo con las agroexportaciones, con la industria de la construcción, con las medianas inversiones y con las propiedades de las clases medias.

Es evidente que si Perú Libre impone su plan en la minería el camino de la estatización del cobre está a la vuelta de la esquina. Y el Foro de Sao Paulo, así cómo expolió el petróleo de Venezuela y el gas de Bolivia, podrá cargarse el cobre del Perú, y todos los peruanos nos ganaremos el derecho a la pobreza.