La detención de Keiko Fujimori

De manera increíble, durante la administración Vizcarra se han acumulado todas las humillaciones posibles a la familia Fujimori: el Poder Judicial anuló el indulto otorgado a Alberto Fujimori, y el fiscal Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho establecieron la detención preliminar por diez días a Keiko Fujimori y 20 dirigentes de Fuerza Popular. Todo parece indicar, entonces, que la caída en popularidad del Congreso, la ofensiva política del Ejecutivo alrededor de las reformas de los sistemas de justicia y político, y la derrota electoral de Fuerza Popular en las elecciones del domingo pasado, de una u otra manera, han tenido influencia en el desenlace judicial de los Fujimori.

Negarlo sería caer en las ingenuidades de algunos, que pretenden negar que la extrema polarización y la envilecedora judicialización de la política han terminado jaloneando a las instituciones de la democracia. La detención de Keiko se produjo un día después de que el presidente Vizcarra nos recordara que los remansos y espacios de distensión conseguidos con las elecciones regionales y municipales no tenían valor: el jefe de Estado anunció que el Ejecutivo apoyaba tres reformas, pero iba por el “no” en el caso de la bicameralidad. Y lo hizo luego de que él mismo saludara los acuerdos del Legislativo y después de que el PCM, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, votaran a favor de la bicameralidad en el Congreso.

Mientras el presidente echaba galones de combustible a la polarización, el sector de la Fiscalía que todavía conduce Pablo Sánchez soltaba decenas de trascendidos sobre la información que había proporcionado el colaborador eficaz Antonio Camayo. Keiko Fujimori era la “señora K”, Hinostroza era el cabecilla de una organización criminal y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, había recibido dos entraditas de Oviedo. La prensa oficialista más dura —como en los tiempos límites de los noventa—, encabezada por La República y Perú 21, se encargaba de difundir “la noticia”.

La detención preliminar de Keiko no tiene la menor justificación legal: ni ella pensaba fugarse ni obstruía la justicia. La causa tenía que ver con los aportes de Odebrecht y con supuestos delitos que nunca se produjeron, porque Fuerza Popular nunca llegó al Gobierno. La barbarie judicial fue aderezada por la radio, la televisión abierta y de cable que, al unísono, saltaron a la yugular de Keiko con argumentos enrevesados, intentando vincular el caso de los cócteles y hasta las declaraciones de Camayo con la detención de la lideresa del fujimorismo. Pero, ¡oh sorpresa! La detención se produjo por iniciativa de un fiscal vinculado a Sánchez y a IDL-Reporteros el mismo día que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debía tramitar la denuncia contra Chávarry. El objetivo parecía obvio: poner al Congreso en contra del Fiscal que convoca todas las guerras de fin de mundo. No lo consiguieron y las acusaciones contra Chávarry fueron archivadas.

¿Qué pasará con Fuerza Popular y Keiko? Depende. Si Fuerza Popular recuerda que enfrenta una guerra política y deja de retroceder de manera desordenada, a tontas y locas, puede evitar lo que parece el objetivo principal de Vizcarra: el cierre del Congreso. Y si lo hace no solo Keiko recuperará su libertad (por lo endeble de las acusaciones) y se resolverá la situación de Alberto Fujimori, sino que el fuerzapopularismo se tomará un nuevo aire.

Sin querer queriendo, los enemigos mortales del fujimorismo han cruzado la raya al detener sin fundamentos a Keiko, abriendo el espacio de la victimización, del martirologio. Vale recordar que políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre y Fernando Belaunde convirtieron detenciones y prisiones en argumentos a su favor. Veremos.