La campaña contra el Congreso y la autodestrucción del Perú

Si bien existen investigaciones y denuncias pertinentes contra el Congreso, –tales como la compra de alfombras, televisores Led y alquiler de estacionamientos– la pregunta que emerge es, ¿qué tienen que ver los congresistas y las bancadas con estos contratos, que dependen del sistema administrativo del Legislativo, del Oficial Mayor y del director de Administración? Si los parlamentarios ni siquiera están informados de estos procesos, ¿por qué la propaganda señalándolos como responsables?

¿Cómo entender los intentos de demolición del Congreso cuando el Perú sigue bajo la amenaza de la insurrección bolivariana que pretende quebrar el Estado de derecho e instalar una constituyente? Cuando analizamos la reacción de los sectores progresistas con respecto a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que establece que los jueces no pueden interferir en funciones exclusivas y excluyentes del Congreso (elección del TC, del Defensor del Pueblo y reformas legales), tal como sucede en cualquier democracia de mediana salud, las cosas parecen aclararse. 

A pesar de la crisis que ha puesto al Estado de derecho en unidad de cuidados intensivos, los sectores progresistas –inclinados a la frivolidad, a la aventura y la irreflexión– han decidido iniciar una campaña de demolición del Legislativo buscando que la crisis desemboque en un adelanto de elecciones. Decimos inclinación aventurera porque si el sistema se bloquea todo puede suceder: desde una asamblea constituyente hasta una reedición tragicómica del vizcarrismo. 

En otras palabras, el Estado de derecho es tratado como si estuviésemos en una disputa por el poder en un sindicato de construcción civil o una federación universitaria. 

La ausencia de partidos y políticos de larga trayectoria nos puede llevar a reeditar el vizcarrismo. Es decir, un sector del Ejecutivo, tentado por el avance de la demolición del Congreso, podría ensayar el liderazgo de las olas en contra del Legislativo como una manera desesperada de salvarse de amenazas imaginarias. La falta de experiencia y trayectoria podría llevar a esta locura que significaría la autodestrucción del Estado de derecho y la persecución y judicialización de la presidente Boluarte y los miembros del Ejecutivo por haber defendido con firmeza el Estado de derecho. ¿Por qué? Porque es evidente que todo se desplomaría.

Cuidado entonces con quebrar la sinergia Ejecutivo - Legislativo, que ha posibilitado defender el Estado de derecho frente a una de las insurrecciones más feroces y violentas de la región. Cuidado con las autodestrucciones, con los propios disparos a los pies que suelen gatillar las crisis y la falta de experiencia.

Desde la administración Vizcarra, el Perú ha renunciado a la gobernabilidad porque se ha embarcado en salidas al límite o al margen de la Constitución. Primero fue el referendo de Vizcarra que envileció y destruyó el sistema político a tal extremo que parió la tragedia del Gobierno de Castillo. Luego el golpe de Estado de Vizcarra, que se veló con la supuesta “denegación fáctica de confianza”, una figura que no existe en la Constitución y es un oxímoron constitucional. Más tarde el golpe de masas en contra del Gobierno de Manuel Merino, hasta que llegó la tragedia Castillo.

En el preciso momento en que salimos de la destrucción de Castillo algunos pretenden seguir jugando con figuras al límite y fuera de la Constitución, e inician una campaña feroz contra el Congreso. Más allá de esa extraña voluntad de convertir a la Constitución en un texto relativo, líquido, sujeto a todas las presiones e interpretaciones, acaso en unas imaginarias elecciones adelantadas algunos se han preguntado cómo serían los comicios en el sur. ¿Acaso habría que encargar que el Movadef nos entregue los resultados electorales en Puno y en diversas provincias del Cusco, Apurímac, Andahuaylas y otras regiones? Todo suena a locura, a autodestrucción republicana.