Fuerza Popular debe separar a Vergara

Se acaba de conocer que el congresista Edwin Vergara, de Fuerza Popular, organizó la empresa Pinturas Golden Colors con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina en el 2014. Si bien Vergara señala que vendió sus acciones antes de la campaña electoral pasada, igualmente las dudas, las interrogantes y la necesidad de investigar se multiplican. Sobre todo por la imperiosa necesidad de alejar cualquier posibilidad de vínculo entre política y narcotráfico.

Aquí no vamos a participar de las campañas del antifujimorismo que pretenden estigmatizar de “partidos de los narcos” al fujimorismo. Lo mismo hicieron con Alan García antes de las elecciones nacionales pasadas, como parte de la estrategia de Nadine Heredia, quebuscaba limpiar el camino para la reelección conyugal. Al final todo fue un muñeco: de 5,000 gracias presidenciales del Gobierno aprista, solo se judicializaron 16 y se dictó sentencia en base a un caso. ¡Una tremenda mentira, y allí siguen los reportajes y artículos infames sin la menor rectificación!

Si a estos hechos le sumamos que el fuerzapopularismo perdió las elecciones nacionales pasadas porque sus enemigos utilizaron con inteligencia los vínculos con Joaquín Ramírez, en los predios de Fuerza Popular ya debería haber una hipersensibilidad sobre el tema. Y por lo tanto, Vergara debería ser separado del movimiento fujimorista, como se dice, al término de la distancia. Pero eso no es todo. El fuerzapopularismo debería ir más allá: levantar la inmunidad del mencionado congresista y autorizar la correspondiente investigación fiscal. Es lo que haría cualquier organización que repudie cualquier tipo de emboscadas, sobre todo del financiamiento oscuro.

El caso de Vergara no tiene la misma naturaleza que los despropósitos de Yesenia Ponce o de Moisés Mamani, que merecen investigarse y quizá sancionarse, pero que no representan una amenaza para la integridad de un movimiento político. En todo caso, el país ya está avisado de que existe una guerra sin cuartel entre una coalición mediática que ataca y demoniza aFuerza Popular, porque pretende doblegarla para que no se apruebe una ley que regule la publicidad estatal.

Sin embargo, tal como se presentan las cosas, Fuerza Popular está obligada a presentar un plan nacional contra el narcotráfico que movilice a la sociedad en su conjunto. En otras palabras, si el fujimorismo pretende reposicionarse luego de la cruenta guerra con el pepekausismo, no solo debe impulsar una nueva ola de reformas económicas y sociales promercado, sino también plantear una ruta para la lucha contra el narcotráfico, que pretende infiltrar al Estado y al sistema político. Siempre vale recordar que uno de los argumentos que la izquierda suele agitar es que en el Perú se está consolidando “un narcoestado”, y por allí se quiere vincularlo a todos los que no pertenecen al establishment.

En ese contexto se vuelve urgente, por ejemplo, que el Poder Legislativo apruebe la llamada “ley de cooperativas”, que busca evitar el lavado de activos del narcotráfico a través de estas entidades de ahorro y crédito. Desde por lo menos un año atrás se viene discutiendo esta iniciativa que surgió luego de algunos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que establecieron que en el VRAEM existían algunas cooperativas que, por sus volúmenes en la captación de ahorros y créditos, merecían una vigilancia del sistema financiero nacional.

En todo caso, Fuerza Popular no debería permitir que sus enemigos comiencen a cebarse sobre los yerros que se acumulan uno tras otro. Y no debería permitirlo porque luego de la guerra con PPK, la ruptura de los avengers, y el distanciamiento de Alberto Fujimori, el fuerzapopularismo ha quedado seriamente golpeado y disminuido.