El soviet antiminero de Pedro Castillo

La paralización de Las Bambas por la acción de una minoría radicalizada en Chumbivilcas –que busca se declare a un área zona de influencia directa, pese a estar a 200 kilómetros de la mina, y pretende ganar contratos con la empresa en base a la violencia– es la postal más significativa del desgobierno general que se ha instalado con la administración Castillo en el Perú. O quizá de una estrategia que pretende destruir la economía para legitimar una salida constituyente.

Cuando el precio del cobre alcanza niveles altos históricos y cuando el Perú podría crecer por encima del 6% y reducir la pobreza por debajo del 15% de la población –si se ejecutase la cartera de proyectos mineros–, la paralización de uno de los diez proyectos de cobre más grande del mundo solo puede explicarse por la acción de un enemigo del Perú.

No es extraño que el Gobierno de Castillo enfrente una crisis de pronóstico reservado con el actual proceso de vacancia en el Congreso. El Ejecutivo no solo ha desplomado el crecimiento de la inversión privada hacia el 2022, sino que ha levantado hogueras de aquí para allá en todas las minas del Perú, a tal extremo que Las Bambas interrumpirá sus operaciones en la quincena de diciembre.

Las Bambas y la crisis de las minas emplazadas en el corredor vial del sur, de alguna manera, representan la conclusión natural del anuncio de la asamblea constituyente, la nacionalización del gas y de los recursos naturales y el reciente y afiebrado anuncio presidencial acerca de que “se están renegociando contratos hacia el 2022”. Todos estos anuncios han sido la leña y el combustible que ha se ha entregado a los sectores antimineros o a simples emprendedores privados que utilizan la violencia en busca de extorsionar a las empresas. Los resultados están al primer golpe de vista.

Y si había dudas sobre el nombre y el apellido antiminero del Gobierno de Pedro Castillo, la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, ha dejado en claro que con la actual administración el país avanza a convertirse en un soviet antiminero. Es decir, un sistema de relaciones alrededor de las minas al margen de la Constitución y en donde la lucha de clases (léase violencia o acción directa) se impondrá.

Si hay dudas, allí está el anuncio del cierre unilateral de minas, la leyenda de la cabecera de cuenca, el intento de una organización del territorio en contra de la Constitución Política, las difamaciones y mentiras acerca de la contaminación de los ríos por las minas (contaminados naturalmente por los volcanes del sur) y todos los trastos anti inversión que hoy encabeza la PCM.

No es exagerado sostener que todo lo que hace el Ejecutivo en minería va en sentido absolutamente contrario a lo que ordenan la Constitución y las leyes. Se respalda legalmente y se empodera políticamente a los violentistas que incendian minas y bloquean carreteras, y se asumen todos los mitos antimineros construidos en las últimas décadas.

El Ejecutivo parece haber desatado un garbanzal anticapitalista y anti inversión que les costará demasiado caro. Nadie puede jugar así con el pan de los pueblos andinos y con los recursos de los gobiernos regionales y locales.