El Perú se sigue desorganizando con la constituyente

Todos los días se conocen noticias que solo confirman un lento proceso de desorganización económica, social e institucional del Perú. Es como si el sistema republicano que todos hemos organizado en las últimas décadas se desplomara en cámara lenta. 

Las informaciones acerca de presiones del Ejecutivo en el cuadro de ascensos de las Fuerzas Armadas, la noticia de que se filtraron los exámenes de la Prueba Única Docente, las denuncias de interferencias del Ejecutivo en los ascensos de la oficialidad de la policía (PNP) y en los del servicio diplomático nos revelan que el Estado está siendo socavado desde adentro. De alguna manera una fuerza poderosa desde el Ejecutivo empieza a desorganizar el Estado.

Este proceso se desató con el anuncio del presidente Castillo de convocar a una asamblea constituyente y el uso casi adolescente de la palabra nacionalización de los recursos naturales. El efecto inmediato de estas propuestas fue paralizar la inversión privada, luego de tres décadas de sostenido crecimiento y de reducción de pobreza. Si bien la economía crecerá este año por un efecto de rebote, el 2022 la inversión privada caerá (no sabemos todavía la magnitud) y el país volverá a ser uno que aumente pobreza. El horizonte de la crisis económica, entonces, se sumará al despelote político e institucional.

Sin embargo, es al interior del Estado en donde la desorganización nacional parece provenir de las disputas por el poder entre las corrientes comunistas ortodoxas, y entre ellas y los sectores progresistas. A estas alturas es evidente que el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef ) y Perú Libre se disputan, dentro y fuera del gobierno, las cuotas de poder estatal. A veces la disputa entre los radicalismos parece trasladarse a los conflictos mineros, por ejemplo.

De otro lado, las posiciones inviables de las corrientes comunistas ortodoxas –por ejemplo, en el sector Educación y Transportes– desatan una disputa con las corrientes progresistas que siguen avanzando al interior del Ejecutivo. El retiro de un radical presupone la llegada de un progresista en el Estado.

El problema es que estas disputas contribuyen a la desorganización general del sistema que todos contemplamos. En este contexto, la única posibilidad de que el presidente Castillo vuelva a recuperar la gobernabilidad pasaría por anunciar que descarta la propuesta de asamblea constituyente. Ese solo anuncio lo obligaría a gobernar y a pensar en las condiciones de gobernabilidad: crecimiento, reducción de pobreza y seguridad ciudadana. 

Sin la constituyente ya no existirían escenarios de fuga hacia adelante. Y volver al espacio de la gobernabilidad demanda una convocatoria más amplia, más allá de las limitadas disputas entre comunistas y progresistas alrededor de las cuotas de poder.