El destino de la JNJ y el Estado de derecho

El próximo jueves debe votarse en el pleno del Congreso la acusación constitucional –que incansablemente promovió el congresista Jorge Montoya– en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una supuesta infracción constitucional del artículo 156 de la Constitución, inciso 3, que establece que los miembros de la JNJ ejercen el cargo entre los 45 y 75 años. Al respecto ha existido un debate curioso, lleno de astucias e ingenios progresistas para interpretar la Constitución alrededor de este asunto. Sin embargo, luego de aprobarse la mencionada acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, existen argumentos sólidos para proceder en el pleno del Legislativo.

Una de las cosas que nos interesa subrayar es que, de alguna manera, el Congreso está ejerciendo una típica acción de control político. ¿A qué nos referimos? La infracción constitucional de los miembros de la JNJ sobre la que se votará el próximo jueves es la punta de un gigantesco iceberg: el fracaso de la reforma judicial de principio a fin. 

Al margen de cualquier punto de vista, los actuales miembros de la JNJ son los responsables directos de haber desatado una de las disputas más feroces que se conoce en el sistema de justicia. Las guerras de las facciones institucionales nos llevan a recordar los peores momentos de la justicia en la historia republicana. Las disputas que mencionamos comienzan a vaciar de contenido la tipicidad de los delitos y cualquier principio procesal con el objeto de anular al adversario político. En este contexto, ¿acaso es posible hablar de la vigencia de la Constitución y el Estado de derecho?

No es posible hablar de Estado de derecho si el sistema de justicia empieza a colapsar por la extrema judicialización de la política, que traslada la legítima disputa ideológica y programática de los partidos y facciones a los juzgados y cortes de justicia. ¿En qué momento empezó este colapso? A nuestro entender, casi de manera paralela a la instalación de la JNJ, luego del referendo y el golpe de Estado de Martín Vizcarra.

Pero no solo se trata de las guerras por el control de las instituciones de justicia, sino también de la extendida provisionalidad de los magistrados. La provisionalidad que genera impredecibilidad en la justicia, porque la estabilidad de los magistrados no depende de sus funciones jurisdiccionales sino de otros factores, es uno de los mayores pasivos de la JNJ.

Por otro lado, la renuncia del Congreso a ejercer control político sobre la JNJ inauguraría una etapa de anarquía nacional en la que determinados sectores políticos que controlan espacios en el sistema de justicia proseguirían con sus intenciones de controlar el Estado, sin formar partidos políticos, ni presentar programas y menos ganar elecciones. La persistencia de esta tendencia, a nuestro entender, sería el fin del sistema republicano.

Asimismo, es incuestionable que la mayoría de las democracias longevas han mantenido su institucionalidad porque las entidades de su sistema de justicia siempre han estado vinculadas de manera directa a los poderes elegidos mediante el sufragio de los electores. El control político sobre la JNJ, entonces, debería significar el inicio de una reforma constitucional en el Perú.