El Congreso en la encrucijada

La elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo ha puesto al Congreso en la mirada pública de todo el país, mientras las señales de reprobación se multiplican de aquí para allá. Gutiérrez, militante de Perú Libre y ex abogado de Vladimir Cerrón, recibió el apoyo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos y la gente se interrogó cómo así las centro derechas pueden apoyar a un candidato que, considerando la historia y la reciente historia, pertenece a la izquierda radical.

El argumento de quienes votaron por Gutiérrez es que había que elegir al Defensor del Pueblo habida cuenta de que está a la vuelta de la esquina la renovación y la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un organismo encargado de seleccionar a los magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial. Y que, de una u otra manera, este organismo constitucional ha sido decisivo para el control progresista y de las izquierdas del país hasta la reciente elección de Pedro Castillo. Sin embargo, ¿cómo Gutiérrez, hombre de izquierda, podría cambiar la historia? Las centro derechas arguyen que el Consejo encargado de elegir a los miembros de la JNJ está presidido por el Defensor, pero integrado por los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría.

Bajo ese argumento las centro derechas señalan que el Congreso debía cumplir con el mandato de elegir sí o sí al Defensor, porque no se podía dejar el proceso en manos de Eliana Rebollar, Defensor en calidad interina, quien luego del golpe fallido de Pedro Castillo se puso en medio entre el Estado de derecho y los milicianos que bloqueaban carreteras, atacaban comisarías y aeropuertos. La ideologización de Rebollar, según este razonamiento, es igual o más evidente que la de Gutiérrez.

La política y la historia mundial están plagadas de este tipo de alianzas que sorprende a buenos y malos y sigue causando asombro a los historiadores. Churchill se alió con Stalin para derrotar la avanzada nazi en la Europa de la primera del siglo XX. Sin embargo, salvando cualquier distancia y cualquier arbitrariedad, ¿por qué las centro de derechas tendrían que sentir que el progresismo es una amenaza más grave que las izquierdas radicales? ¿Acaso por la judicialización de la política que terminó en la elección de Castillo?

En cualquier caso, al margen de cualquier especulación, las centro derechas están obligadas a dejar en claro que no están alentando un posicionamiento de la Defensoría del Pueblo a favor del radicalismo y la violencia. En ese sentido están obligados a desmontar todas las leyes laborales de Castillo que fomentan la guerra de clases, a votar en contra de la ley mordaza que restringe la libertad de expresión, a desarrollar las sanciones penales del reciente fallo de la Corte Suprema que establece que no hay derecho a la protesta con ejercicio de la violencia y otras normas contra el radicalismo de izquierdas.

Es decir, las centro derechas están en la obligación de demostrar que en el Congreso existe una mayoría clara frente a la amenaza chavista y bolivariana en el Perú.