¡El acuerdo con Odebrecht se derrumba!

Gracias a las investigaciones del periodista ecuatoriano Andersson Boscán y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) el Perú pudo conocer que el acuerdo que desarrollaron los fiscales Lava Jato —bajo el auspicio ideológico de IDL-Reporteros— con la empresa Odebrecht fue lesivo a los intereses nacionales, y sus sombríos objetivos terminarán convirtiéndose en una nueva “página 11”. El acuerdo con Odebrecht comprendió cuatro proyectos, sobre un total de más de 40, pero ignoró el proyecto madre: el Gasoducto del Sur, que de US$ 1,000 millones llegó a costar US$ 7,000 millones. 

La noticia que convierte en escándalo el acuerdo con Odebrecht: se entregaron coimas por más de US$ 3 millones durante el Gobierno de Humala. Y el hecho que agrava el escándalo: la concesión del gasoducto tenía una cláusula anticorrupción que establece que, en caso de delitos, Odebrecht no tiene derecho a reclamo alguno. Hoy la empresa brasileña reclama US$ 2,000 millones como indemnización; es decir, 20 veces más que la “generosa” reparación civil que debe pagar en 15 años, gracias a las gestiones de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. Si a esto le agregamos que gracias a la investigación de los colegas extranjeros hoy sabemos que también hubo coimas en 14 proyectos más, el asunto se ha complicado en extremo para los fiscales Lava Jato. Aquí no solo debe haber renuncias, sino también investigaciones largas y resultados concretos.

Sin embargo, la pregunta que emerge es la siguiente: ¿por qué extraña razón las ONG marxistas —encabezadas por IDL e IDL-Reporteros— y los medios de comunicación tradicionales respaldaron el cuestionado acuerdo de los fiscales Lava Jato con Odebrecht? Hoy las cosas son extremadamente claras: el objetivo era conseguir un acuerdo que posibilitara la judicialización de la oposición, sobre todo de Keiko Fujimori y Alan García. Cuando se supo de las coimas de Luis Nava y Miguel Atala las cosas se dispararon. Pero el suicidio del ex presidente García y los movimientos bancarios de Atala demostraron que el ex líder aprista no estaba implicado en nada. Hasta hoy los fiscales Lava Jato no explican por qué se quiso detener a García horas antes de su muerte, ni IDL-Reporteros presenta una investigación mínima.

Si el objetivo del acuerdo de los fiscales politizados con Odebrecht era la judicialización de la oposición política, entonces, hoy se entiende la generosidad del Ministerio Público para con la empresa brasileña. Las cosas son tan graves que el ex jefe de los fiscales Lava Jato, Hamilton Castro, ha señalado que no se justifica el acuerdo con Odebrecht solo alrededor de cuatro proyectos; y enseguida sostuvo que el fiscal Pérez solicita prisiones preventivas sin justificación procesal. En cualquier caso, una síntesis exacta de la situación.

El hecho de que el acuerdo con Odebrecht comienza a naufragar no solo pondrá en el ojo de la tormenta a los fiscales Lava Jato y a las ONG como IDL-Reporteros, también herirá de gravedad a todos los actores que protagonizaron este proceso, incluido el propio presidente Vizcarra. Vale anotar que el mencionado acuerdo desencadenó la guerra final por el control del Ministerio Público, que terminó con la renuncia de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación.

En síntesis, el tiempo nublado para la República se agrava. Como los animales heridos, los actores que han escrito esta nueva “página 11” saben que deben seguir saltando hacia adelante, seguir inventando casos contra los congresistas y el Legislativo. Pero todo tiene un calendario, y el final de este envilecimiento institucional llegará de todas maneras.