De la guerras internas a la crisis de Gobierno

Apenas se escenificó el capítulo final de la guerra entre Nicanor Boluarte y Alberto Otárola, que culminó con la salida del último de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), era evidente que la colisión recién empezaba. Incluso a través de esta columna recordamos las cruentas guerras entre los diversos sectores de la administración de Alberto Fujimori en los noventa y las batallas finales por el poder durante el gobierno de Pedro Castillo. Guerras internas que culminaron con la implosión de los ejecutivos.

Quienes alentaron la guerra interna en el gobierno de Boluarte, entonces, pecaron de una ingenuidad capital. Y en cualquier caso, la propia Dina Boluarte es la principal responsable del actual estado de cosas por haber permitido que el conflicto escalara a estos niveles. El escándalo de los Rolex, la cuenta del Club Apurímac cuestionada y el cuaderno presidencial de incidencias que se perdió, de una u otra manera, forman parte de ese sainete de políticos irresponsables que se sumergieron en una guerrita, en medio de uno de los gobiernos más frágiles de la reciente historia.

Existía mucha ropa tendida, y ahora todo ha sido desvelado y la jefe de Estado afrontará –tal como lo ordenan la Constitución y las leyes– las consecuencias luego del final de su mandato en julio del 2026, más allá de la histeria de un sector del país que pretende adelantar las elecciones contra viento y marea, no obstante la evidente oposición a una salida de este tipo de la mayoría del Congreso.

En ese contexto, el aparente triunfo del nicanorismo ha debilitado en extremo al gobierno de Boluarte y lo ha convertido en cada vez más dependiente de la mayoría del Congreso. En la práctica el Ejecutivo se convierte en un apéndice del Legislativo, exacerbando los rasgos parlamentarios de nuestro sistema político.

Planteadas las cosas así, el análisis desapasionado de la coyuntura indica que la salida correcta a la crisis de gobernabilidad debería ser la formación de un gabinete de unidad nacional que, sin representar directamente a las bancadas del Congreso, logre representar a todas las corrientes nacionales de la sociedad. De alguna manera sería la manera de apostar por la normalización de las cosas hasta el 2026.

Otra de las salidas posibles es que el Ejecutivo y el Congreso no muevan las fichas del tablero y esperen a que las adversidades se disipen. Finalmente, la Constitución y el humor de las mayorías impiden las salidas excepcionales.

Lo único que podría cambiar estos eventuales escenarios sería el regreso de la protesta de la gente a las calles. Pero luego del golpe de masas en contra del gobierno de Manuel Merino –un golpe de Estado desde cualquier punto de vista– y luego de las marchas que terminaron encumbrando a Pedro Castillo en el poder, la gente parece distanciada de estas salidas que destruyeron el país. “Las generaciones del bicentenario” manipuladas por el neocomunismo parecen muy complicadas.

Si la ciudadanía permanece indiferente en las calles, entonces estará notificando que las salidas excepcionales no van y que se prefiere respetar la Constitución y las leyes, y cumplir con el cronograma electoral. En cualquier caso, la mejor manera de seguir apostando por el Estado de derecho es respetando el cronograma constitucional.