¡Congreso no debe ceder en Ley Agraria!

Desde el punto de vista económico y social los beneficios de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, son incuestionables: en dos décadas las exportaciones crecieron de US$ 800 millones a más de US$ 7,000 millones, y en las regiones agroexportadoras la formalización del empleo avanzó considerablemente. El hecho de que durante la pandemia y la emergencia el sector siga creciendo demuestra que es el único sector en que se reinvierten las utilidades. Manosear la Ley N° 27360, a tontas y locas, porque pequeños grupos bloquean Ica, sería un verdadero crimen social.

Ahora bien, es evidente que las injusticias sociales continúan en las áreas agroexportadoras. La denuncia acerca de services y contratos informales revelan que la prosperidad del sector formal puede desatar la ira del informal. Sin embargo, los services y la informalidad son de responsabilidad exclusiva del Estado. Igualmente, preservar el orden público y evitar que se bloqueen carreteras y se desate la violencia también es responsabilidad estatal. Ni la Sunafil (del Ministerio de Trabajo) ni la policía cumplen con sus deberes. 

El Estado colapsa, pero los radicales, los colectivistas, demonizan a la empresa y buscan cargarse a una ley que pretende ser imitada por Colombia, Uruguay y Paraguay, como forma de ingresar al gran movimiento mundial de las agroexportaciones, en que los países del sur abastecen al norte con productos de primera calidad, con empresas de estándares mundiales y con relaciones laborales modernas.

Sin embargo, detrás del intento de derogar una ley en base a la movilización violenta de las minorías, hay una estrategia mucho más amplia: la convocatoria de una asamblea constituyente y el cambio de régimen político. El ensayo ya está en camino. Luego de la renuncia del Gobierno de Manuel Merino y la abdicación de la función de representación de las mayorías de bancadas del Congreso, siguió una cruenta demonización de la Policía Nacional del Perú (PNP). El ex ministro del Interior se atrevió a lo indecible: a descabezar a toda la institución policial, seguramente por una estrategia de control político. Sin embargo, el resultado fue devastador: se disolvió la autoridad del Estado porque la policía hasta hoy sigue en huelga de brazos caídos.

En este contexto, minorías lideradas por radicales y colectivistas, se aprovechan del legítimo descontento de diversos sectores para “seguir acumulando fuerzas”. Derribar la Ley de Promoción Agraria, frente a un Congreso desorientado, simplemente, confirmaría que estos sectores están en la ofensiva general hacia la asamblea constituyente. Derogada la Ley de Promoción, culminará el empoderamiento de esta estrategia de minorías, con la autoridad del Estado colapsada. Y entonces todo estará listo para forzar la constituyente.

En el actual Congreso la mayoría de bancadas, obviamente, está en contra del lenguaje de la calle para convocar una constituyente. Sin embargo, cuando no hay formación ni tradición política, estos hechos se vuelven relativos. Por algo las minorías absolutas del Congreso hoy dirigen el Ejecutivo y el Legislativo. 

No obstante, no todo está perdido. El increíble y extendido movimiento policial por la dignidad de los oficiales separados por estrictos criterios de control político, podría implicar restablecer la autoridad del Estado, que fue pulverizada por la administración Sagasti. Igualmente si la mayoría de bancadas recuerda cuál es el papel del Congreso, de los representantes de la soberanía, quizá comprendan que derogar una ley que ha desatado tanta prosperidad en las últimas dos décadas no es un acto tan sencillo como borrar el reglamento de una junta vecinal. Y a lo mejor también entienden que las repúblicas se defienden y no se entregan ante el menor ventarrón de la demagogia.