Castillo y el gobierno de Perú Libre

El presidente Castillo ayer desarrolló una nueva juramentación simbólica en Ayacucho y terminó de definir el perfil de su gobierno: nombró al congresista Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros (PCM). De esta manera no quedó la menor duda de que la administración Castillo es la administración de Perú Libre y Vladimir Cerrón, el líder partidario. Además es conocido que Bellido no ha zanjado abierta y categóricamente con el terrorismo.

Horas más tarde, se conoció a los integrantes del nuevo gabinete, la mayoria de la izquierda radical y con poca experiencia para gestionar el estado. Las cosas estaban claras: El Perú avanza hacia una colisión sin precedentes. ¿El Congreso otorgará la confianza al Gabinete Bellido? Es la interrogante.

Luego del mensaje de Fiestas Patrias un analista optimista quizá hubiese podido sostener que Castillo había anunciado la iniciativa de la constituyente con todo el procedimiento bolivariano, para calmar al ala izquierda que lo presionaba. Sin embargo, después del nombramiento de Bellido, el gobierno de Castillo es el gobierno de Perú Libre.

En la cúspide del poder, entonces, se ha instalado un gobierno que utilizará todos los recursos del Estado, todas las estratagemas del populismo, para tratar de conseguir una base social en el más corto plazo, forzar la convocatoria de una constituyente y cambiar el régimen político republicano. Ayer, en Ayacucho, Castillo demandó que “el Gas de Camisea sea de todos los peruanos” y que las tarifas de luz bajen. En otras palabras, la estrategia populista con todas sus mayúsculas.

Todo indica que la estrategia del llamado sector caviar que, con una soberbia inexplicable, pretendía controlar a Castillo luego de la segunda vuelta, no será posible. Hoy vemos a un sector del país que solía gobernar sin organizar partidos ni ganar elecciones, que comienza a sudar frío luego de sus irresponsables actos que, de una u otra manera, llevaron al comunismo más ortodoxo al poder.

Planteadas las cosas así, el Congreso tiene una enorme responsabilidad: salvar el actual proceso de construcción republicana. Es decir, luchar para preservar las instituciones y evitar que la administración Castillo se convierta en un huracán destructor de la economía.

Cuando uno de los poderes elegidos por el sufragio –es decir, un Ejecutivo que reclama una constituyente para centralizar el poder– relativiza los procedimientos de la Constitución, la responsabilidad del Legislativo aumenta hasta la enésima potencia. Es decir, se convierte en el último baluarte de la gobernabilidad.

Para defender la actual continuidad republicana el Congreso debe asumir sus responsabilidades, y además se requiere la más amplia unidad de la oposición política en el país. Felizmente, la campaña electoral ya terminó y la convergencia opositora ya no pasa por los candidatos de la centro derecha, sino que ahora depende de un abanico enorme. 

En esa unidad y en esa voluntad de defender el sistema republicano se jugará el futuro de la libertad.