¡Perú y Estados Unidos ante una nueva asociación estratégica!

Las relaciones entre el Perú y Estados Unidos han ingresado a una nueva etapa. La visita a Lima del secretario de Estado Marco Rubio, la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y la primera gira internacional de la presidenta Keiko Fujimori constituyen señales de una relación bilateral que busca superar la cooperación tradicional y avanzar hacia una asociación estratégica. Ese proceso fue analizado recientemente en Washington por especialistas peruanos y estadounidenses convocados por Global Americans, en el foro “A New U.S.–Peru Strategic Partnership: What Comes Next?”.

La reunión adquirió especial importancia porque permitió discutir no solamente la dimensión diplomática del acercamiento, sino también sus consecuencias para la seguridad, la inversión, la infraestructura y la posición internacional del Perú. El canciller Carlos Espá resumió el principio que debería orientar esta nueva relación: la política exterior debe estar al servicio del Perú y de los peruanos y traducirse en beneficios concretos para los ciudadanos.

Marc Wachtenheim, quien moderó dos de los paneles, señaló que la visita de Rubio, el ingreso al Escudo de las Américas y la designación de Bernie Navarro como embajador estadounidense forman parte de una misma reorientación de Washington hacia el Perú. Pero advirtió que el nuevo alineamiento regional también genera competencia entre los países que buscan atraer la atención, las inversiones y los recursos de Estados Unidos. Por ello, el Perú necesita llegar a Washington con prioridades claras, propuestas concretas y capacidad para ejecutarlas. Ese último punto resulta decisivo. Una relación estratégica no se construye únicamente mediante gestos diplomáticos. Requiere que el país tenga proyectos, instituciones capaces de ejecutarlos y objetivos definidos de largo plazo.

El análisis de los primeros meses del gobierno de Fujimori mostró precisamente que la política exterior y la agenda interna no pueden separarse. Alfonso Baella consideró que seguridad, inversión, responsabilidad fiscal y reforma estatal constituyen prioridades centrales, pero advirtió que un exceso de cautela puede terminar generando una percepción de indecisión, añadiendo que un gobierno puede tener objetivos claros y, sin embargo, perder impulso si no establece rápidamente qué puede hacer con sus atribuciones y qué necesita negociar con el Congreso.

Por su parte Jaime de Althaus puso el problema en una perspectiva histórica. A su juicio, la amenaza criminal contemporánea puede resultar incluso más compleja que la que enfrentó el gobierno de Alberto Fujimori contra Sendero Luminoso. La captura de Abimael Guzmán permitió golpear el núcleo de una organización jerarquizada y reconocible. La criminalidad actual, en cambio, combina extorsión, minería ilegal, narcotráfico, corrupción, control territorial y redes que pueden operar desde las cárceles. Por eso, combatirla exige una estrategia distinta.

El segundo gran desafío es transformar el acercamiento político en inversión y crecimiento. El exministro Alfredo Thorne sostuvo que existe una agenda económica definida, pero cuestionó la demora en las reformas vinculadas con la formalización, las obras públicas, el mercado de capitales y el sistema tributario. Su advertencia —que el Gobierno dispone de pocas oportunidades para impulsar cambios— resume la necesidad de establecer prioridades.

Ismael Benavides destacó que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos, tratados comerciales y un marco favorable para la inversión privada, además de oportunidades en minería, hidrocarburos e infraestructura. Pero vinculó directamente la recuperación económica con la seguridad: la criminalidad tiene también un costo económico considerable, especialmente para las micro y pequeñas empresas.

El tercer panel planteó quizá la pregunta más importante: ¿qué puede ofrecer el Perú a Estados Unidos? Brian Nichols, exembajador estadounidense en Lima, identificó seguridad, minerales críticos, infraestructura y cooperación internacional como áreas prioritarias. Andrés Martínez-Fernández, de la Heritage Foundation, destacó la disposición de Washington a trabajar con gobiernos que presenten iniciativas concretas.

Hugo Guerra formuló la cuestión en términos todavía más precisos: una asociación estratégica no puede convertirse en una lista unilateral de pedidos peruanos. Lima debe definir también qué puede aportar en seguridad, recursos, infraestructura y su posición en el Pacífico.

La compra de doce aviones F-16 constituye una muestra de que la relación puede adquirir una dimensión institucional de largo plazo. No se trata solamente de adquirir equipos, sino de establecer sistemas de entrenamiento, mantenimiento, logística e interoperabilidad que pueden fortalecer las capacidades del Estado durante décadas.

Finalmente, la relación con China exige una política igualmente pragmática. Los participantes no plantearon romper los vínculos comerciales con Beijing, sino distinguir entre comercio e inversiones ordinarias y la concentración de capital extranjero en sectores estratégicos como puertos, electricidad y telecomunicaciones.

El Perú se encuentra, por tanto, ante una oportunidad diplomática, económica y de seguridad que deberá traducirse en una agenda nacional. Washington parece dispuesto a profundizar la relación; ahora corresponde al Perú definir qué quiere obtener, qué está dispuesto a ofrecer y, sobre todo, qué capacidad tiene para ejecutar los acuerdos.