Pataz: dos nuevas víctimas de la minería ilegal

Dos trabajadores de seguridad han sido asesinados en Pataz, La Libertad, como consecuencia de un ataque armado atribuido a mineros ilegales. Jherwin Cachique Ishuza, de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42, perdieron la vida el 6 de octubre en el sector Santa María, dentro de una concesión de Compañía Minera Poderosa en el área asignada a un minero artesanal. Otros dos trabajadores resultaron heridos. ¿Cuántas vidas más tendrá que cobrar la minería ilegal para que el Estado peruano comprenda la magnitud de esta amenaza y actúe con la determinación necesaria?

Este nuevo crimen no es un episodio aislado ni un enfrentamiento circunstancial entre grupos de mineros. Es la expresión de una actividad que ha evolucionado hasta convertirse en un negocio multimillonario, capaz de recurrir a las armas para apropiarse de los recursos minerales que pertenecen a concesiones legalmente constituidas.

Lo ocurrido vuelve a poner en evidencia una realidad que no admite eufemismos: en Pataz, la minería ilegal constituye una amenaza directa para la vida, la seguridad y el Estado de derecho. Los grupos criminales no se limitan a extraer oro al margen de la ley. También buscan controlar territorios, intimidar a quienes trabajan legalmente y desplazar a los operadores que respetan las reglas. Cuando las armas se convierten en instrumentos para apropiarse de una concesión minera, ya no estamos ante un problema meramente administrativo o de informalidad económica, sino ante una forma de criminalidad organizada que desafía abiertamente la autoridad del Estado.

Las dimensiones económicas del fenómeno explican parte de su capacidad de expansión. Según las estimaciones citadas por el Instituto Peruano de Economía, la minería ilegal movilizó alrededor de US$ 12,000 millones en 2025. Para 2026, las exportaciones ilegales de oro podrían alcanzar al menos US$ 16,000 millones e incluso superar los US$ 18,000 millones. Además, durante el primer semestre de este año, la producción ilegal de oro habría aumentado 19.4%, mientras la producción legal disminuyó 5.9%. De confirmarse estas proyecciones, entre 52% y 55% del oro exportado por el Perú podría tener origen ilegal.

Detrás de estas cifras existe una economía criminal que depreda recursos, evade obligaciones tributarias y compite deslealmente con las empresas y los trabajadores que cumplen la ley. En Pataz, los mineros ilegales abren galerías clandestinas en terrenos colindantes a las operaciones formales para sustraer mineral de las concesiones ajenas. Así, quienes invierten, pagan impuestos y generan empleo formal deben afrontar no solo los costos de producir, sino también las amenazas de quienes pretenden apropiarse de sus recursos mediante la violencia.

La respuesta del Gobierno no puede reducirse a operativos esporádicos que permitan anunciar resultados pasajeros. El Comando Unificado de Pataz, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las demás instituciones involucradas necesitan recursos suficientes, inteligencia operativa y una estrategia sostenida que permita desarticular las organizaciones criminales, recuperar el control territorial y proteger a quienes trabajan en la zona. También es indispensable investigar los asesinatos, identificar a sus responsables y asegurar que estos respondan ante la justicia. La impunidad solo alimentará nuevos ataques.

La defensa de la minería formal no es un asunto exclusivo de las empresas. De ella dependen empleos, ingresos fiscales, inversión y oportunidades de desarrollo para las comunidades. Permitir que organizaciones ilegales se apropien de los recursos mediante la intimidación equivale a debilitar las reglas que hacen posible cualquier actividad económica legítima.

El Perú necesita una minería pequeña, mediana y grande que opere con seguridad y dentro de la ley. Para lograrlo, primero debe impedir que el crimen organizado decida quién puede trabajar, quién puede explotar una concesión y quién tiene derecho a vivir. En Pataz, la lucha contra la minería ilegal ya no admite más postergaciones.