Las elecciones subnacionales y la posibilidad de un Estado fallido

Los peruanos siguen consolidando la democracia y el Estado de derecho mediante el ejercicio del sufragio. Ayer los ciudadanos eligieron cerca de 13,300 autoridades subnacionales entre gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y concejales de los gobiernos locales. Sin embargo, el ejercicio de la democracia y el voto para elegir gobiernos subnacionales no debe ignorar un problema capital: que ese proceso descentralizador puede organizar un Estado fallido que se derrumbe por la ineficiencia y corrupción en el gasto público y por el avance de las economías ilegales.

Luego de un cuarto de siglo de desarrollo de la descentralización, sin lugar a duda, hoy se puede sostener que la constitución de los gobiernos regionales y el traslado de competencias del gobierno central a estas entidades subnacionales han constituido uno de los mayores yerros de la reciente experiencia republicana. No se trata de una afirmación exagerada o fuera de contexto. Las cifras y las conclusiones son abrumadoras en cuanto a demostrar el fracaso de esta experiencia.

El gran problema: los partidos políticos y los políticos del actual establishment político nunca se atreven a cuestionar la descentralización por el simple cálculo electoral, en la medida en que estos actores suelen disputar las elecciones regionales y locales.

En los últimos 25 años el PBI nacional se ha multiplicado por seis veces (hoy está cerca de US$ 340,000 millones) y los ingresos de los gobiernos regionales, municipales y entidades descentralizadas se han incrementado como nunca en la historia económica nacional. Si la descentralización se midiera por el aporte –tributos, canon, regalías, entre otros– de las empresas mineras, agroexportadoras, pesqueras y el sector privado en general tendríamos que sostener que el país es uno de los campeones de la descentralización latinoamericana. Sin embargo, las autoridades regionales y municipales, simplemente, han dilapidado esta riqueza nacional mediante ineficiencias, corrupción o, simplemente, saqueo de las arcas públicas.

En el Perú de cada tres soles, dos se gastan a través de los gobiernos subnacionales, y en los últimos lustros se han invertido más de tres veces lo necesario para resolver los problemas de agua, desagüe, escuelas, postas médicas y carreteras. No obstante, en el país existen 3.5 millones de ciudadanos sin agua potable y cerca de 7 millones sin alcantarillado.

El saqueo de la riqueza nacional –riqueza producida por el sector privado– es brutal, inaceptable. Y la expropiación de la riqueza nacional por la corrupción ha disparado la fragmentación política y el envilecimiento del espacio público regional, en donde los movimientos surgen y compiten por el acceso de los recursos públicos que luego serán dilapidados. En este contexto, la balcanización política bloquea cualquier posibilidad de organizar movimientos nacionales que desarrollen programas, propuestas y agrupamientos ideológicos y culturales. Y con ello toda la política nacional se envilece y entra en crisis terminal.

El modelo nacional, en que el sector privado crea riqueza como nunca en la historia republicana y los gobiernos regionales y subnacionales saquean esa prosperidad nacional, de una u otra manera, explica esa permanente polarización entre el sistema y el antisistema que propone una asamblea constituyente y la refundación del Perú en cada elección. Y para las paradojas y los colmos de la política, los sectores que saquean la riqueza nacional suelen denunciar que la “falta agua potable se explica porque el sector privado no paga impuestos”.

El choque sistema versus antisistema en el Perú ha generado una crisis de la autoridad democrática y del Estado de derecho. Y en este contexto, se extiende la anarquía y el imperio de las economías ilegales, tal como se aprecia frente al avance de la minería ilegal.

En ese sentido, si desarrollamos un balance de buena voluntad del ejercicio democrático en las últimas elecciones subnacionales, entonces tenemos que combinar la felicitación por ejercicio del sufragio con la denuncia de uno de los mayores equívocos de las últimas décadas. Difícil, pues, una celebración.