Keiko sacudió la ONU: ¡Soberanía, autoridad y guerra frontal contra el crimen!

La primera intervención de Keiko Fujimori como presidenta del Perú ante la Asamblea General de las Naciones Unidas no fue un simple discurso protocolar. Ante el 81.º período de sesiones, la mandataria planteó tres prioridades para su gobierno —seguridad, educación e institucionalidad— y defendió una idea fundamental: la cooperación internacional no puede convertirse en una vía para sustituir las decisiones democráticas de los países. El Perú puede y debe cooperar con la comunidad internacional, pero sin renunciar a su soberanía ni permitir que organismos externos pretendan imponer agendas que corresponden a sus ciudadanos.

El punto más contundente de su intervención fue el anuncio de una ofensiva frontal contra el crimen organizado transnacional. Fujimori incluyó entre las amenazas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión y otras estructuras criminales que combinan violencia, control territorial y economías clandestinas. La presidenta sostuvo que estas organizaciones deben ser enfrentadas como grupos terroristas y planteó perseguir no solamente al sicario que ejecuta el delito, sino también al entramado económico y logístico que lo sostiene.

La dimensión del problema explica la firmeza del planteamiento. Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró 12,634 denuncias por extorsión y chantaje: alrededor de 70 cada día y tres por hora. El 53.3% de los casos se concentró en cinco distritos fiscales —Lima Este, La Libertad, Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur—, demostrando que la expansión del crimen organizado afecta directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos.

El INEI ofrece una fotografía igualmente preocupante, aunque registra también una reducción interanual de la victimización. Entre febrero y julio de 2026, el 24% de la población urbana mayor de 15 años fue víctima de algún delito, porcentaje que llegó al 26% en Lima y Callao. Entretanto, el 83.3% de la población urbana consideraba que podía convertirse en víctima durante los siguientes doce meses —87% en Lima y Callao—, mientras apenas el 17% de las víctimas presentó una denuncia. Cuando ocho de cada diez ciudadanos viven con temor y la mayoría de quienes sufren un delito no acude a las autoridades, recuperar la autoridad del Estado deja de ser una cuestión ideológica y se convierte en una obligación fundamental.

La propuesta de permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía frente a amenazas transnacionales debe traducirse, naturalmente, en un marco legal preciso, con conducción civil, controles judiciales y reglas claras para el uso de la fuerza. La calificación de estas organizaciones como terroristas no puede quedarse en una declaración política: debe servir para fortalecer la inteligencia conjunta, la persecución financiera, el control fronterizo y la recuperación de territorios sometidos al crimen. En ese contexto adquiere relevancia la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, mecanismo de cooperación impulsado para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras.

Pero Fujimori también planteó que la lucha contra la delincuencia no puede limitarse a la represión. El segundo eje de su discurso fue la educación. Los resultados de PISA 2025 muestran una realidad preocupante: el Perú obtuvo 382 puntos en Matemática, 390 en Lectura y 406 en Ciencia. Solo el 19.7% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en Matemática; en Lectura lo consiguió el 26% y en Ciencia, el 30.6%. Además, Matemática retrocedió nueve puntos y Lectura cayó 18 respecto de 2022.

La delincuencia no tiene una sola causa, pero un país donde la mayoría de sus adolescentes no alcanza competencias fundamentales enfrenta mayores dificultades para ofrecer empleos productivos y evitar que los jóvenes sean captados por economías criminales. Por eso resultan pertinentes las propuestas de mejorar la infraestructura educativa, ampliar la conectividad digital, fortalecer la formación docente y crear una Escuela Nacional de Directivos. La presidenta añadió, además, una dimensión que suele generar controversia: recuperar la autoridad docente, la disciplina y la participación de los padres. La escuela debe volver a ser un espacio seguro en el que los profesores puedan enseñar y los alumnos puedan aprender respetando reglas.

El tercer eje fue la institucionalidad y la democracia. Fujimori reclamó una ONU independiente, transparente y libre de cálculos ideológicos, y sostuvo que la defensa de los derechos humanos no puede terminar convirtiendo a las víctimas en acusados y a los victimarios en protegidos. También reivindicó los derechos de policías y militares que enfrentan al terrorismo y al crimen, dentro del respeto al debido proceso y al Estado de derecho.

El mensaje central de Nueva York, por tanto, fue que el Perú debe recuperar su capacidad de ejercer autoridad sin abandonar la ley y cooperar internacionalmente sin renunciar a sus decisiones democráticas. La seguridad requiere un Estado que persiga al crimen; la educación, un sistema que recupere calidad y autoridad; y la institucionalidad, una democracia capaz de defender sus principios sin aceptar imposiciones externas.

El Perú no tiene por qué escoger entre cooperación internacional y soberanía, ni entre seguridad y derechos humanos. Puede combatir al crimen dentro de la ley, fortalecer sus instituciones y cooperar con otros países desde una posición de igualdad. Esa es, finalmente, la idea que la presidenta llevó a la Asamblea General: el país puede abrirse al mundo sin arrodillarse ante él y ejercer la autoridad del Estado sin pedir disculpas por defender a sus ciudadanos.