Urgente: ¡meritocracia en la escuela pública!

El próximo domingo 14 de octubre se aplicará la Prueba Única Nacional (PUN) del Concurso de Nombramiento Docente 2018, organizada por el Ministerio de Educación (Minedu) para todos los profesores de los colegios públicos que, de manera libre, deseen acceder a la carrera pública magisterial. El proceso, enmarcado dentro del reglamento de la Ley Nº 29944 (Ley de Reforma Magisterial), permitirá que 217,191 docentes a nivel nacional rindan la prueba, que consta de 90 preguntas relacionadas con la comprensión lectora, matemáticas, temas pedagógicos y la especialidad de cada docente.

Como se recuerda, el 15 de julio pasado unos 140,000 docentes acudieron libremente a rendir la PUN para el Concurso de Ascenso de Escala Magisterial y Especialistas en Educación, organizada a nivel nacional por el Minedu. Las evaluaciones buscan introducir el mérito en la carrera magisterial —la única manera de mejorar la educación de los estudiantes— y están enmarcadas en la Ley General de Educación (Ley N° 28044) y la Ley de Reforma Magisterial.

Sin embargo, todos los esfuerzos por una escuela pública de alta calidad chocan con los intereses políticos de las distintas dirigencias sindicales del magisterio. Dirigencias que están más ocupadas en sus divisiones internas que en alcanzar acuerdos laborales con soluciones realistas. Los profesores están divididos en tres facciones. La primera es el CEN SUTEP, vinculado a Patria Roja y único sindicato del magisterio reconocido por el Ministerio de Trabajo y los llamados SUTE Regionales. Otra de esas facciones es la dirigida por el profesor Pedro Castillo, vinculado al senderista Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Y la tercera es la dirigida por el profesor Ernesto Meza Tica, de tendencia maoísta pukallacta.

La única facción que se opone abiertamente a las políticas meritocráticas del Estado es la dirigida por Castillo. Exige, incluso, la anulación de la Ley General de Educación y la Ley de Reforma Magisterial porque, alega, habrían sido hechas a espaldas de los maestros. Sostiene falsamente que la finalidad de los concursos y pruebas organizadas por el Minedu es despedir a los docentes de las instituciones educativas públicas.

Castillo, incluso, se opone a la participación de la inversión privada en la ejecución de infraestructura educativa, por intermedio de los mecanismos Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público Privadas (APP). Es decir, no quiere que la empresa privada participe del mejoramiento de las aulas, patios, canchas de fulbito y baños que utilizan los escolares pobres del país.

El entusiasmo de los profesores por rendir las pruebas es una muestra de cómo promoviendo el mérito, los resultados consecuentes son las promociones laborales y los respectivos incentivos económicos, que mejoran la situación de los docentes de la escuela pública. Sin embargo, los aumentos deben formar parte de una estrategia de capacitación de docentes y autoridades en todo el país para profundizar la carrera pública magisterial.

Por ejemplo, en algunas regiones, como Arequipa, las autoridades educativas han organizado simulacros del examen para ir acostumbrando a los profesores a la prueba. Por otro lado, las autoridades del Minedu garantizan el diseño, autenticidad, distribución y resguardo de las pruebas. Dicen que no hay razones que sustenten que las pruebas del concurso del próximo domingo se estén comercialicen entre los profesores días antes del examen, como afirman diversos rumores sin fundamento alguno.

La coyuntura política del país se ve claramente reflejada en la crítica situación de la educación pública peruana. Los indicadores de rendimiento educativo, como comprensión lectora y matemáticas, muestran la poca efectividad de las políticas públicas favorables a la educación.