Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
El Congreso de la República debería aprobar una ley que establezca concursos anuales de evaluación y concursos de méritos para los profesores contratados hasta el 2030, en vez de las políticas populistas y demagógicas de los nombramientos automáticos. Así lo acaba de señalar el educador Idel Vexler a este portal.
En ese sentido, el Legislativo de ninguna manera debería insistir en la ley observada por el Ejecutivo, que establece el nombramiento automático de alrededor de 80,000 docentes con más de tres años de contratos, porque significaría un duro revés para la política estatal de la meritocracia docente; una política de Estado que se ha venido implementando –al margen de retrocesos circunstanciales– a través de los últimos gobiernos. Ni siquiera el gobierno de Pedro Castillo, que promovió el fin de la carrera pública magisterial y el nombramiento automático, pudo desmontar la mencionada política de Estado.
Por otro lado, vale señalar que la mayoría de los 80,000 maestros que serían nombrados automáticamente con la norma populista del Congreso forman parte de los docentes que desaprobaron en los últimos concursos convocados por el Ministerio de Educación (Minedu), una situación que agravaría el yerro del Legislativo en caso de insistir en la norma observada por el Ejecutivo.
En la actualidad se desarrolla un concurso en el que participaron más de 220,000 profesores contratados, de los cuales 63,000 ya han pasado a la segunda etapa de la evaluación para cubrir 50,000 plazas orgánicas; es decir, plazas debidamente consideradas en el presupuesto general de la República. Sin embargo, luego de este concurso faltaría cubrir cerca de un 20% de las plazas del magisterio nacional, una situación que aumenta la importancia de aprobar una norma que convoque concursos anuales de docentes hasta el 2030.
Al respecto, en la actualidad existen más de 420,000 docentes en el magisterio, de los cuales más de 340,000 pertenecen a los diversos escalones establecidos en la Carrera Pública Magisterial (CPM). En otras palabras, el 80% de los maestros ya forma parte de la CPM y, de una u otra manera, ya integran el nuevo magisterio meritocrático que se debe organizar en el Perú.
Vale anotar que si el Congreso avanza en la aprobación de una ley para desarrollar concursos anuales para la CMP de los profesores contratados se estará culminando uno de los escalones más importantes de una nueva docencia en el Perú. Sin embargo, si no existe una permanente capacitación y actualización de los profesores, a través de políticas integrales del Estado, la reforma de la educación siempre seguirá siendo una aspiración más. Un sueño incompleto.
A estas alturas, la experiencia de los países desarrollados, que alcanzaron la prosperidad luego de un intenso aprendizaje –de más de dos siglos en Occidente y cuatro décadas en el sudeste Asiático–, nos enseña que la reforma de la educación, la calidad de la educación, es definitoria para avanzar y consolidar el desarrollo. Corea del Sur es un ejemplo paradigmático de cómo la educación crea un capital humano, una fuerza laboral educada, capaz de competir en los mercados globales de la digitalización y la IV Revolución Industrial.
Por todas estas consideraciones, si el Legislativo insiste en la norma que establece el nombramiento automático de los docentes no solo estaría violentando la política de Estado sobre la meritocracia, sino que se convertiría en un declarado adversario del desarrollo.
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