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Más de una vez en este portal hemos sostenido que, en las sociedades occidentales en general, se atraviesa por una intensa lucha cultural que pone en cuestión los principales valores de las sociedades abiertas de Occidente. Una de las razones del desconcierto de los países occidentales es que, de una u otra manera, diversas corrientes que proponen un pensamiento único y excluyente han pasado a controlar las universidades de los países desarrollados, cancelando todas las formas de disidencia.
En el Perú recién abrimos los ojos ante estos peligros cuando el Gobierno de Pedro Castillo pretendió destruir la carrera docente meritocrática a través del cogobierno que hubo entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep, sindicato magisterial de orientación maoísta) en las políticas educativas. Sin embargo, el proyecto totalitario de controlar la educación pública encontró una gran resistencia en el sector privado de la educación. En la educación básica, por ejemplo, un tercio de la matrícula era atendida por el sector privado mientras que, en la educación superior, más de dos tercios de los alumnos estaban matriculados en claustros privados.
El sector privado en la educación, por lo tanto, comienza a convertirse en una de las condiciones de la pluralidad en la educación –ante el avance progresista en las universidades públicas– porque expresa las iniciativas educativas de diversos sectores de la sociedad. Para entender la magnitud del aporte del sector privado al sistema de educación superior vale mencionar algunas cifras que sorprenden. Por ejemplo, del más de un millón de estudiantes universitarios en el país, más de 900,000 están matriculados en universidades privadas, considerando el modelo asociativo y societario. En este contexto, se registran 98 universidades en total, de las cuales 52 son públicas y 46 privadas. En el universo de claustros privados hay 29 asociativas y 17 societarias.
Asimismo, según la Federación de Instituciones Privadas de la Educación Superior (FIPES) el aporte del segmento privado a la educación superior suma aproximadamente S/ 9,000 millones, que representa el 1.1% del PBI nacional. El aporte entonces es significativo y hace imposible seguir pensando la reforma de la educación peruana al margen del aporte privado. No hay manera.
Pero no solo se trata del aporte económico del sector privado y de garantizar la pluralidad del sistema educativo ante posibles tendencias autoritarias en las aulas. El aporte privado ha posibilitado un impresionante proceso de inclusión social, nunca antes visto en la historia republicana. Antes de que, a mediados de los noventa, se autorizará la inversión privada en la educación, en el Perú la universidad pública era para los pobres, y las pocas universidades asociativas eran claustros para los sectores altos de la sociedad, considerando el elevado costo de las pensiones. La inversión privada posibilitó la aparición de universidades societarias (con accionistas) de calidad, que empezaron a competir con las universidades privadas tradicionales. Por la intensa competencia, las pensiones comenzaron a bajar y a estandarizarse, mientras la economía se multiplicaba y aparecían las nuevas clases emergentes.
En este contexto, diferentes estudios señalan que de la totalidad de la población universitaria peruana alrededor del 77% pertenece a los sectores C, D y E. En otras palabras, queda en evidencia que el sector privado en la educación es la mejor garantía de inclusión en el sistema educativo. Por otro lado, la aparición de nuevas universidades privadas evitó que la universidad pública continuara masificándose, mientras aumentaba en la meritocracia en sus exámenes de selección y sus presupuestos se incrementaban considerablemente.
Como se aprecia, si hoy es posible emprender una verdadera revolución o reforma de la educación nacional, en muchos aspectos, es posible por los círculos virtuosos que crea el aporte privado a la educación.
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