¡Detengamos el populismo en el sector educación!

No nos cansaremos de repetirlo: la recesión causada por la ineficiencia del Ejecutivo en la contención de la pandemia y el incuestionable efecto de la contracción mundial, desatará el populismo y la demagogia de los políticos ante el incremento de la pobreza. El PBI caerá en 15%, se perderán tres millones de empleos y aumentará el número de pobres en más de cuatro millones. En este contexto, el Ejecutivo y el Congreso han comenzado una carrera populista con respecto al sector privado de la educación.

El Gobierno publicó un decreto que establece la obligación de los centros privados de informar sobre sus costos fijos y variables, alentando el enfrentamiento entre los usuarios y los centros privados. Mientras tanto, en el Congreso se multiplican las propuestas que buscan establecer el control de precios de las pensiones educativas, rebajas y otras fórmulas que violan el principio constitucional que obliga al Estado a respetar el contrato entre privados.

En la semana pasada Luis Lescano, gerente general de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) y de Asiste-Perú (institutos), se presentó ante la Comisión de Educación del Legislativo para solicitar que los parlamentarios consideraran la posibilidad de conformar una Comisión Especial que analice la constitucionalidad de los mencionados proyectos, de acuerdo al artículo 70 del Reglamento del Congreso. Invocó las opiniones de diversos constitucionalistas que señalan que los proyectos que buscan regular las pensiones educativas violan el derecho a la libre contratación, establecido en el artículo 2, inciso 14 y el artículo 62 de la Constitución. Asimismo, señaló que las mencionadas iniciativas violan la libertad de empresa establecida en el artículo 59 de la Carta Política, y el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 2, inciso 16 y el artículo 70 del texto constitucional. Todas estas posibles violaciones de la Carta, ¿acaso no merecen la conformación de una Comisión Especial para analizar la constitucionalidad de los textos?

Otro de los peligros graves de las iniciativas que buscan regular o rebajar el precio de las pensiones educativas es que ignoran que en la educación superior dos tercios de la matrícula corresponde al sector privado (en la educación básica es un tercio). ¿Qué puede suceder si se aprueban normas que no solo vulneran la Constitución, sino que también fomentan el quiebre y el cierre de centros privados? ¿Acaso los congresistas aprobarán leyes y, en el acto, se levantarán centros privados con carpetas y profesores?

El gerente general de Fipes y Asiste-Perú informó que las deserciones en las universidades llegan al 15% y en institutos superiores a 30% del total de matriculados. Pero lo más grave: la morosidad en los centros privados ya está entre el 50% y el 60%. En otras palabras, los centros privados dejarán de percibir la mitad de sus ingresos, sin considerar las inversiones realizadas en plataformas tecnológicas, capacitaciones de docentes y estudiantes, el descuento de las pensiones del semestre 2020-I, y la recalendarización de pagos –exonerados de moras– para enfrentar la crisis de las familias. Hasta hoy se han establecido más de 50,000 becas.

¿Cuál entonces será el efecto inmediato de las leyes controlistas que se proponen en la Comisión de Educación? Considerando que los centros privados están recibiendo la mitad o el 40% de los ingresos proyectados y que, en el caso de FIPES y Asiste-Perú, existen 20,000 docentes y 10,000 trabajadores contratados, la respuesta es simple: la quiebra de muchas universidades e institutos. ¿Alguien pretende crear un conflicto social de consecuencias inesperadas?

El populismo y la demagogia solo venden ilusiones para el día siguiente o la semana. Nunca debemos olvidar que detrás del populista está el colectivista, que busca la quiebra del sector privado para luego proponer la estatización de todo.