Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
Yonhy Lescano y Verónika Mendoza son dos candidatos que, según diversos sondeos, aparecen con ciertas posibilidades de pasar a la segunda vuelta. El efecto Vizcarra y las limitaciones propias de sus candidaturas parecen haber licuado las posibilidades de Julio Guzmán y George Forsyth.
En este contexto, y por declaraciones propias, Lescano y Mendoza se han convertido en los candidatos antisistema en las presentes elecciones. Ambos promueven la convocatoria a una asamblea constituyente y enfilan contra todo lo que sea inversión privada, empresas y mercados. El desconocimiento de ambos sobre cómo funcionan la economía salta al primer golpe de vista y, de una u otra manera, ratifica que los políticos populistas y comunistas consideran que el universo de la economía está absolutamente subordinado a la política. La idea de que la riqueza se crea con decreto o con impuestos ronda la cabeza de los políticos antisistema.
En este escenario, el tema de la educación puede convertirse en uno capital en el debate electoral, porque ambos candidatos parecen empeñados en demonizar y eliminar el aporte privado al sector educación. Y como todos sabemos, desde las reformas económicas de los noventa, y a sugerencia del Banco Mundial, en el Perú se permitió y alentó la inversión privada en el sector.
En la actualidad, por ejemplo, dos tercios de matrícula en la educación básica es atendida por el Estado, y el tercio restante por el sector privado. En la educación superior sucede todo lo contrario: dos tercios de la matrícula lo gestiona el sector privado y el tercio restante el sistema público.
Es incuestionable que la falta de una adecuada regulación explica el surgimiento de muchos claustros privados de mala calidad. Sin embargo, señalar que toda aula privada es mala solo es parte del relato colectivista y comunista que pretende eliminar la educación privada. Por ejemplo, en las últimas pruebas PISA –que miden el rendimiento en matemáticas, ciencias y compresión lectora de los estudiantes de 15 años– los alumnos de los colegios privados han salido en el primer lugar de todos los colegios públicos y privados de América Latina, casi cerca de los estándares de los países desarrollados. Semejante información “no ha sido difundida adecuadamente” por el Minedu, por decir lo menos, porque sería aceptar que las llamadas reformas educativas que se implementan desde el Estado no van para ningún lado.
Por momentos, la llamada reforma educativa del Minedu (excepto la política pro meritocracia en la selección docente) solo se reduce a la estrategia de un sector político para controlar ideológicamente la educación. Los resultados en las pruebas PISA de los colegios nacionales y privados son el mejor ejemplo. De allí que no sería extraño que el Minedu decida retirarse de las pruebas PISA. Veremos.
De otro lado, la inversión privada en la educación superior ha posibilitado ampliar la cobertura educativa y atender la demanda de matrícula en las últimas tres décadas. La escolarización y la alfabetización de las mayorías llegaron cuando el Estado estaba quebrado en los noventa. ¿Quién podía ampliar la cobertura educativa en la educación superior si no había recursos estatales? Era evidente que el sector privado. Gracias a este proceso las universidades públicas no se masificaron y los presupuestos per cápita por estudiante en las universidades nacionales se multiplicaron varias veces.
Como se aprecia, plantear eliminar la educación privada es una irresponsabilidad que desconoce la reciente historia. El Estado que no compra camas UCI ni vacunas, ¿se va hacer cargo de millones de estudiantes de los claustros privados? ¿Cómo? Los candidatos antisistema que enfilan contra la educación privada están más que obligados a responder.
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