Urgente: ¡Expandir servicios de agua potable!

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Perú están entre los 10 países del mundo con mayores cantidades de agua dulce. Ocupa el octavo lugar después de Brasil, Rusia, Estados Unidos, Canadá, China, Colombia e Indonesia. No obstante las enormes reservas de agua, una tercera parte de la población peruana no tiene acceso a agua potable directamente de un proveedor de servicios. Casi todo el líquido vital se pierde en el mar por falta de inversiones.

El desabastecimiento de agua se explica por la pésima gestión de las 50 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS). Catorce de ellas han sido intervenidas (mediante un Régimen de Apoyo Transitorio) por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), por estar quebradas en la práctica. Las razones: falta de inversiones, nuevas conexiones y ausencia de conocimientos técnicos en los empleados, contratados por las autoridades de turno con criterios clientelistas.

En ese contexto, la propuesta de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), que busca sincerar el precio del agua a través de 12 nuevos estudios tarifarios, representa un gran avance para crear un mercado que fomente la inversión privada; y por lo tanto, para proveer de agua a los más de 10 millones de peruanos que carecen de ella. Establecer un precio del agua que refleje los costos reales de producción es una primera condición para cambiar la situación.

Sin embargo, ¿qué hacemos con las EPS? José Beteta, director ejecutivo de Contribuyentes del Perú, sostiene que para una mejor gestión de las EPS estas —por ser organismos técnicos—- deben independizarse de las municipalidades para alejarse de las influencias políticas. Asimismo, las EPS deben medir y cobrar el consumo de agua, y realizar reformas salariales para contratar a los directivos y trabajadores más competentes del mercado. Señala además que las EPS deberían tener competencia en el tratamiento de aguas residuales para mejorar el servicio. Para Beteta las inversiones privadas deberían participar, por ejemplo, extrayendo agua subterránea en lugares donde las EPS (como Sedapal) no llegan con sus servicios. “Para eso, se necesita el marco legal correspondiente”, sostiene Beteta.

La mala gestión del recurso hídrico está relacionada con la falta de inversiones en nuevos proyectos de acumulación de agua, plantas de tratamiento y redes de distribución. También con el monitoreo de las redes, la facturación y las operaciones. Sedapal se libra de las responsabilidades subcontratando el 70% de sus operaciones, y no asume las consecuencias de las incompetencias de sus proveedores de servicios.

Si no se promueven inversiones privadas —mediante los mecanismos Asociaciones Públicos Privadas (APP)— el desabastecimiento de agua continuará. El Perú seguirá desperdiciando el agua, que debería ser acumulada en la cordillera andina, por falta de represas, reservorios, canales y toda clase de infraestructura hídrica. Agua que debería ser utilizada tanto para consumo humano como para el sector agropecuario. Por ejemplo, el proyecto Paltiture está estancado. Se espera la intervención del Gobierno nacional para resolver los desacuerdos entre Puno, Arequipa y Moquegua.

De acuerdo al Banco Mundial (BM), el promedio de abastecimiento de agua potable en Latinoamérica y el Caribe (LA&C) es de 91%. El de Perú es de 84%, por debajo de Argentina, Chile, Ecuador, México, Colombia, Brasil y Bolivia. El promedio de servicios de alcantarillado en LA&C es de 78%, siendo el de Perú 72%, por debajo de todos los países anotados anteriormente, excepto Bolivia. La situación peruana es, entonces, alarmante y de urgente atención.

Según el Plan Bicentenario:del Perú hacia el 2021, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el 68.6% de la población no tiene acceso regular a servicios de agua potable, y solo el 53% tiene acceso a redes de alcantarillado. ¿Hasta cuándo los más pobres seguirán padeciendo sed?