Una línea demarcatoria entre la minería ilegal y la informalidad

Según la propuesta del Ejecutivo la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas, bajo responsabilidad de los gobiernos regionales, se ampliaría por un plazo de seis meses. Luego de ese tiempo los casos de formalización no resueltos pasarán al sector de Energía y Minas; es decir, al Ejecutivo. 

Es evidente que esta propuesta de transición en la formalización minera pretende organizar un camino diferente al fracaso de la formalización: la responsabilidad de los gobiernos regionales en formalizar a la pequeña minería; gobiernos regionales que no tienen personal calificado ni funcionarios suficientes para aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental (Igafom), que deben presentar las pequeñas unidades de minería en las diversas regiones.

Si, por el contrario, los dirigentes gremiales de la pequeña minería y de la minería artesanal pretenden una ampliación del Reinfo por dos años, entonces, estamos ante la misma estrategia que aplaza la solución del fracaso de la formalización hacia las calendas griegas. Y más allá de los bloqueos en Ica y Nazca, que pueden intimidar a ciertas bancadas legislativas y pueden ser utilizados por el progresismo para implementar su estrategia del adelanto de elecciones, es incuestionable que ahora el fracaso de la formalización se ha convertido en una cubierta para el avance de la minería ilegal.

En la provincia de Pataz, en La Libertad, la minería ilegal ha dejado en claro que es una amenaza a todo el Estado de derecho y crea zonas liberadas de la Constitución y los derechos de propiedad: a pesar del estado de emergencia y la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, de las decisiones del gobierno central, del gobierno regional y las entidades del sistema de justicia, la minería ilegal moviliza cerca de 12,000 camiones anuales de mineral ilegal extraído de las concesiones formales de las minas que preservan el medio ambiente, pagan impuestos y crean empleo formal.

Por todas estas consideraciones, en el Congreso no solo se deben analizar los mejores plazos y las correcciones a la estrategia de formalización, sino que también debe definirse con absoluta claridad una línea demarcatoria entre la minería informal y la minería ilegal. ¿Cómo se dibuja esa línea? La minería ilegal es la que se desarrolla en las concesiones formales y viola el sistema de derechos de propiedad en el Perú, alineada con los planteamientos de todos los proyectos antisistema. Igualmente, la minería ilegal se desarrolla en reservas, parques nacionales y zonas prohibidas para la actividad. Sobre esas definiciones se puede establecer qué es la informalidad minera: actividades mineras sin autorizaciones y legalidad y sin los estándares ambientales necesarios. 

Por otro lado, con los nuevos plazos de formalización y la línea demarcatoria, se enviaría un mensaje a quienes se ubican en la minería ilegal, a veces, sin saberlo. ¿A qué vamos? Durante los plazos establecidos de ampliación del Reinfo y de la formalización a cargo del Ejecutivo, sectores de la minería ilegal buscarían formalizarse y modificar su situación legal. Quienes opten por permanecer en la ilegalidad deben ser interdictados con todo el peso del Estado de derecho y la ley.

Por si los políticos no se han dado cuenta, la prolongación del fracaso de la formalización no solo favorecerá a la minería ilegal, que amenaza a la minería moderna en varias regiones, sino que también erosionará el Estado de derecho, liquidará a la minería formal que preserva el medio ambiental, y organizará el escenario ideal para el triunfo de los proyectos antisistema.