Un Perú sin jubilaciones por el populismo de la semana

La promulgación de la ley que permite un sétimo retiro de las cuentas individuales del fondo privado de pensiones –autógrafa que no fue observada por el Ejecutivo–, según la Superintendencia de Banca y Seguros, representará la salida de S/ 34,000 millones del sistema de las AFP que, en la actualidad, suma un fondo de S/ 160,000 millones. Es decir, alrededor del 20% se esfumará de las cuentas individuales, y 9 de cada 10 aportantes al sistema privado se quedarán sin jubilaciones.

La decisión del Congreso desatará el júbilo de los aportantes, que retirarán el dinero de sus cuentas individuales, y la lenta reactivación de la economía tendrá una nueva inyección de liquidez. En el corto plazo, pues, todo será aplauso y buena cara. Sin embargo, en el mediano y largo plazo la decisión del Congreso será devastadora para la sociedad y las nuevas generaciones.

La virtual liquidación del fondo privado de pensiones no solo tendrá un efecto negativo en el manejo del déficit fiscal del Estado –las AFP suelen comprar los bonos del Gobierno para financiar el gasto estatal– sino que creará un déficit estructural para la economía que deberán afrontar las futuras generaciones. ¿A qué nos referimos? Una sociedad sin un sistema previsional mínimo, sin jubilaciones, debe afrontar una gran carga social porque el Estado, simplemente, no puede dejar morir a ancianos sin protección social. La economía del futuro, pues, tendrá déficit por adelantado debido a la decisión del Congreso.

El asunto se agrava si observamos la tendencia de todas las sociedades con respecto a la longevidad. Por el avance de las ciencias médicas y los sistemas sanitarios la esperanza de vida de la gente aumenta considerablemente, situación que determina que en el futuro existirán más jubilados que trabajadores activos en la economía. El viejo sistema estatal de reparto, en el que todos los trabajadores aportan a un fondo común con el que se pagan las pensiones, es absolutamente inviable en medio de esta realidad. El sistema estatal sólo crearía déficit estructural más déficit estructural.

Por todas estas consideraciones en todos los sistemas previsionales del planeta –incluso, los de países nórdicos de Europa– se avanza a reformar las pensiones sobre la base del aporte de los trabajadores a cuentas individuales que son capitalizadas por entidades privadas en los mercados de capitales. Sobre las cuentas individuales se puede imaginar cualquier estrategia de reforma previsional. Desde el estatismo, por el contrario, solo se acumula desprotección de los ancianos y déficit estructural.

Por todas estas consideraciones es absolutamente incomprensible entender la decisión del Congreso de aprobar un sétimo retiro más allá del aplauso circunstancial de la semana o desde los intereses de quienes compran a remate los activos de las AFP que pierden valor.

Ante el terrible daño causado al futuro de los ancianos y de las nuevas generaciones –obligadas a asumir una deuda social que no crearon–, el actual Congreso debe avanzar en la reforma integral del sistema previsional y la eliminación del sistema de reparto estatal y la universalización de todos los sistemas previsionales en base a las cuentas individuales. No hay otro camino. Es hora de rectificar el daño causado.