Un Ejecutivo sin señales para relanzar el crecimiento

El Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía señalan que el crecimiento económico del Perú estará en alrededor del 3% en el 2024. Sin embargo, las calificadoras de riesgo, con pesimismo o con más realismo, sostienen que el crecimiento no sobrepasará el 2.5%. Sin embargo, las cifras mencionadas solo representan un rebote económico, un rebote de los efectos destructivos de las olas de violencia luego del golpe fallido de Pedro Castillo y del fenómeno de El Niño. 

Un rebote de la economía en esos términos de ninguna manera servirá para recuperar los puntos perdidos en la lucha contra la pobreza. Se ha perdido casi una década. Por ejemplo, antes de la pandemia la pobreza había retrocedido al 20% de la población. Luego del gobierno de Castillo hasta la actualidad la pobreza se acerca al 30%. Crecer por debajo del 3% no permite reducir este flagelo. De ninguna manera.

El gobierno de Dina Boluarte, entonces, no está asumiendo su papel para enfrentar las tendencias recesivas que nos ha dejado Castillo, sobre todo con respecto a la caída de la inversión privada que acumula dos años de retrocesos continuos. Por ejemplo, el Ejecutivo anuncia el destrabe de la III etapa del proyecto Chavimochic que le agregarían entre 40,000 y 60,000 hectáreas cultivables, ganadas al desierto, a la frontera agrícola agroexportadora. Sin embargo, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), se han dejado de invertir en el país en alrededor de 30,000 hectáreas proyectadas.

La crisis política, la ausencia de una norma promocional de inversiones en el agro y, sobre todo, la eliminación de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo agrícolas –que desencadenó la derogatoria de la Ley 27360– han postergado cualquier nueva inversión en el sector, más allá de que las agroexportaciones sigan creciendo por la inercia de inversiones anteriores. Por otro lado, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso existe voluntad de derogar todas las normas laborales dejadas por Castillo, que alientan la guerra de clases entre trabajadores y empresarios. ¿Cómo así se va a recuperar la inversión privada?

Asimismo, las marchas y contramarchas en el Ejecutivo sobre un nuevo rescate financiero de Petroperú envían devastadoras señales y ponen en peligro la estabilidad fiscal del país. Si el Ejecutivo acuerda un nuevo rescate financiero para la petrolera estatal serán alrededor de US$ 5,000 millones asignados a Petroperú del bolsillo de todos los peruanos, que se sumarán a los más de US$ 6,000 millones gastados en la modernización de la refinería de Talara. He allí una de las razones de que, luego de tres décadas de la reforma económica, el Perú incumpliera las metas de reducción del déficit fiscal. Se llegó al 2.8% cuando se había proyectado una reducción del 2.4% Si este año no se cumple la meta de reducir el déficit al 2% es casi seguro que las calificadoras de riesgo le quitarán al Perú los grados de inversión, alcanzados con un trabajo de décadas.

A estas alturas nadie le pide al gobierno de Boluarte que desarrolle reformas estructurales, tales como la desburocratización del Estado, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma de los sistemas de educación y de salud y la solución de todos los problemas acumulados en infraestructuras. Nadie pide eso porque parece complicado. 

Sin embargo, lo que es difícil de aceptar es que se dinamiten las bases de la economía, que no se haga nada con las normas anti inversión dejadas por Castillo. Pero lo más grave de todo es que el proyecto de nacionalizar la política petrolera y de crear una pequeña PDVSA –con el dinero de todos los peruanos– y las amenazas a la estabilidad fiscal parecen provenir del programa económico de Perú Libre y del eje bolivariano.