Tía María continúa vigente

El congresista Jaime Quito, representante de Perú Libre por Arequipa, anunció la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en la región del sur. Sin embargo, la cita con “los hermanos agricultores”, para ratificar la cancelación definitiva del proyecto de cobre Tía María, no se realizó. ¿Por qué el primer ministro no acudió a la invitación supuestamente programada, acompañado del ministro del sector Energía y Minas (Minem), Iván Merino?

Es evidente que en la administración Castillo existen graves contradicciones. El ministro Merino –al igual que el titular de Economía, Pedro Francke, y el Canciller Óscar Maurtua– tiene una visión más positiva de la inversión privada y el respeto al orden constitucional. En ese sentido, se mantiene a distancia de Bellido. Como es de conocimiento público, Merino ha señalado –en clara oposición a las opiniones de Quito– que existen posibilidades de que el proyecto de cobre Tía María se materialice “si logra resolver el problema de la licencia social”. De buena fuente, El Montonero.pe sabe que las autoridades del Ejecutivo se reúnen con especialistas del sector minero y de hidrocarburos –políticamente opuestos a la gestión– con el fin de resolver los proyectos estancados.

Lo cierto es que el proyecto de cobre Tía María –US$ 1,400 millones de inversión para producir 120,000 toneladas anuales de cobre al 99.99% de pureza– puede legalmente iniciar operaciones en cualquier momento. La licencia de construcción de mina ha sido ratificada después de un intento (una leguleyada) de anularla. En 2019 Elmer Cáceres, entonces gobernador de Arequipa, presentó una demanda ante el Consejo de Minería (CM), alegando que el proyecto no poseía derechos de servidumbre en 49.53 hectáreas en las Lomas de Cachendo (provincia de Islay, Arequipa), concesión ilegalmente cancelada por parte de Cáceres. La autoridad tuvo que retroceder, advertida del abuso que había cometido.

El muñeco armado por la izquierda antiminera sobre la “licencia social” es vigente y a él se le ha sumado el nuevo término acuñado por el actual Ejecutivo: “rentabilidad social”. En las normas nacionales no existen ninguno de los dos conceptos y, por lo tanto, no habría manera de evaluar si son cumplidos o no por las inversiones. 

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –elaborado y tramitado por las mineras para obtener la licencia de operaciones– debe ser aprobado en una audiencia pública con la participación de las autoridades locales y nacionales correspondientes y población. El EIA, literalmente es desaprobado o aprobado a mano alzada, con el aplauso o pifias de los asistentes. ¿Este acto democrático acaso no representa la voluntad de la población, otorgando o negando una “licencia social” a los proyectos productivos en sus comunidades? La izquierda y los comunistas son campeones relativizando los actos democráticos adversos.

A entender de este portal, la “licencia social” es un parámetro con vida propia. Southern Peru, concesionario de Tía María, realiza diversas actividades de desarrollo social y económico: otorga becas a estudiantes y profesores, invierte en plantas criogénicas para mejorar la reproducción del ganado, dispone de especialistas que enseñan en las comunidades cómo producir fertilizantes y pesticidas de manera orgánica, y participa en la construcción de centros médicos, proyecto de saneamiento y otros. De facto, Tía María, ha obtenido con creces su licencia social. Otra cosa muy distinta es la propaganda antiminera desplegada por pequeños círculos ideologizados, que se han propuesto detener la prosperidad de la zona andina. 

El alza de los precios de los minerales nos pone en una posición envidiable frente al mundo. No desaprovechemos la oportunidad.