¡Solución en crisis del corredor vial que afecta a minas del sur!

Después de la firma de un acuerdo de tregua que desbloquea el corredor vial –cerrado por más de 15 días–, entre funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y dirigentes de las comunidades, es importante y necesario que se enfrente de una vez las causas de los conflictos en esta zona estratégica, que suelen azuzar los sectores antimineros. Es una condición para preservar el potencial económico, de crecimiento y de reducción de pobreza en un área en donde se emplazan las minas que producen cerca del 50% del cobre nacional.

En ese sentido, si bien el acuerdo señala que también que se retornará el diálogo con la conformación de una mesa de trabajo, nada asegura que llegado el día 5 de octubre no se bloquee nuevamente el corredor vial y fracase toda negociación. Para que se logre una solución definitiva este conflicto social es necesario que el Estado y el Ejecutivo respete y hagan respetar el estado de derecho en la zona.

A esta misma conclusión han llegado los empresarios locales que, en otra comunicación publicada el miércoles pasado, indicaron que el corredor vial debe ser declarado en emergencia. Vale recordar que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski y Martín Vizcarra, el Corredor Vial estuvo declarado en emergencia alrededor de cuatro años. 

En este contexto surge la pregunta: ¿Cómo se solucionará la bomba nuclear que ha creado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, con la promesa de convertir en vía local la vía nacional por donde transitan los camiones encapsulados que trasladan la producción de cobre de las minas hacia el puerto de Matarani? Semejante ofrecimiento ha disparado el conflicto a niveles impensados, y existen sectores que incluso pretenden construir casas en plenas vías con el objeto de negociar con las mineras. Bellido entonces está obligado, urgido, a reparar este grave daño causado al país, sobre todo a los más pobres.

No obstante, todo lo anterior, la solución al conflicto pasa también porque la administración Castillo retire la propuesta de la constituyente, abandone cualquier intento estatizador y acepte los principios constitucionales y las leyes sobre el respeto a los contratos. Criterios de ese tipo hoy parecen demasiado lejanos en el Ejecutivo.

Como todos sabemos, la administración Castillo, Bellido y Cerrón tiene que ver con las propuestas de Perú Libre acerca de nacionalizar las minas y los proyectos extractivos, tal como ahora se pretende con el gas de Camisea. Por eso los despropósitos oficiales en contra de la inversión privada se suman uno tras otro. El propio primer ministro, Guido Bellido, ha acusado a la empresa minera Southern Perú de tener el monopolio en el precio del cobre, ignorando que este metal es un commodity, cuyo precio se fija en el mercado mundial.

En este contexto, cabe señalar que si el gobierno de Castillo tiene la intención de llevar la paz social a la zona debe ejecutar, en alianza con las autoridades locales y los representantes de las empresas mineras, el enorme presupuesto que tienen los municipios. Challhuahuacho, por ejemplo, tiene más de S/ 200 millones en su presupuesto para obras; y apenas ha ejecutado el 40%, a casi tres meses que se termine el año. ¡Increíble! 

Además, si el gobierno pretende de verdad solucionar el conflicto social en la zona, debe investigar y sancionar todo tipo de intentos de extorsión de algunos asesores que son en realidad brókers expertos en crear conflictos. 

Si hasta el próximo 05 de octubre fracasa el diálogo y se retoman los bloqueos, entonces sabremos con seguridad que la administración Castillo no quiere la paz social y que las promesas que formuló Bellido en agosto pasado, sobre convertir en vía local la vía nacional por donde transitan los camiones, en realidad buscaban agudizar la crisis y luego culpar a la empresa minera de todos los problemas.