¿Sigue el mercantilismo de la leche?

El proyecto de ley aprobado en el Congreso y que prohíbe usar leche importada en la elaboración de productos lácteos sigue en el candelero. Como se sabe, el proyecto fue observado por el Ejecutivo porque semejante prohibición viola varios artículos de la Carta Política, que establecen similar tratamiento para los productos nacionales y extranjeros, y vulnera los acuerdos del Perú en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio (TLC) firmados por el Estado. Luego de la observación, el Congreso deberá allanarse o insistir en la norma legal.

Ante esta situación, el 8 de febrero pasado se reunieron en una mesa de trabajo representantes de los ganaderos, industriales, madres del vaso de leche, especialistas de la Universidad Agraria de La Molina, y representantes del Congreso y el Ejecutivo con el objetivo de analizar la norma en mención. Los resultados de dicha reunión figuran en un comunicado firmado por el comité de lácteos de la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Pequeños Ganaderos Lecheros del Perú, la Sociedad Peruana de Nutrición, los comités de Vaso de Leche de Lima y Callao y especialistas de la Universidad Agraria, en el que solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso que regrese el mencionado proyecto a la Comisión Agraria del Legislativo. De otro lado en el pronunciamiento se sostiene que la prohibición “disminuiría el valor nutricional y la calidad/inocuidad de la leche, con graves consecuencias para la nutrición de los niños y los programas sociales, que cubren aproximadamente a cuatro millones de beneficiarios”.

El comunicado solicita un debate más amplio y que se considere el hecho de que la leche importada sirve para homogenizar la calidad de la producción de la leche nacional; una producción variada pero que, en muchas casos, no cuenta con los valores y nutrientes correspondientes. En cualquier manera, es incuestionable que una norma de este tipo debería debatirse con mayor profundidad, sobre todo cuando los principales afectados de esta medida serán los consumidores y los pequeños productores (pymes) de lácteos, con el inevitable incremento de los precios.

Como ya hemos informado en este portal, la producción de leche fresca nacional solo abastece el 70% de la demanda, y el 30% restante es cubierto con la importación de leche en polvo. Si las cosas son así, el efecto inmediato de la prohibición será el incremento de los precios.

Una medida de este tipo, que busca proteger a una coalición de intereses sectoriales en contra de los consumidores, se conoce como mercantilismo. El problema es que cualquier medida mercantilista, en el acto, forma una cadena contra los mercados libres. Por ejemplo, ¿qué sucederá cuando los precios de los lácteos se eleven y la industria nacional pierda competitividad por semejante medida? En el acto la producción de la industria láctea de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, países con los que el Perú tiene tratados de libre comercio, empezará a entrar al mercado nacional. Ante esa situación, ¿qué actitud asumirá el Legislativo? ¿Cómo se protegerá la producción de leche fresca nacional? ¿Acaso el Legislativo se atreverá a cuestionar los TLC firmados por el Perú?

Pero eso no es todo. La norma se basa un supuesto abuso de la industria láctea en contra de los pequeños productores lecheros. Pero eso no es verdad: la mitad de la producción de leche fresca es adquirida por las compañías Gloria, Laive y Nestlé; mientras que la otra mitad es comprada por cerca de 200 pymes nacionales de lácteos en Cajamarca, Puno, Arequipa Huancayo y otros lugares. ¿De qué abuso se puede hablar?

Por todas estas consideraciones, el Congreso no debería esperar más para archivar la mencionada norma.