Todas las ucronías económicas que abarquen las &...
Si el Congreso de la República accede a la solicitud del Ejecutivo para legislar en materias tributarias, asumirá la corresponsabilidad en la destrucción de la economía nacional. A nuestro entender, continuará la fuga de capitales, seguirá la trepada del dólar, las acciones en la Bolsa de Valores seguirán desplomándose y los precios de los productos de la canasta básica continuarán incrementándose, afectando sobre todo a los más pobres del país.
¿Por qué planteamos ese escenario devastador? Porque si el Congreso se embarca en ese camino, la comunidad internacional, los mercados y la inversión privada, nacional y extranjera, habrán sido notificados: el proyecto estatista y populista no solo es alentado por el Ejecutivo, sino que también en el Congreso habría surgido una mayoría que respalda ese camino. En cualquier caso, partidos como Alianza para el Progreso y Acción Popular deberán decidir si desean asumir los costos de la destrucción del país que ha desencadenado el Gobierno de Pedro Castillo.
Todos sabemos que luego de que la administración Castillo planteara la propuesta de la asamblea constituyente, la nacionalización del gas y los recursos naturales, comenzó una fuga de capitales que ya llega a los US$ 15,000 millones, que el dólar sobrepasa los S/ 4 (no obstante que debería estar por muy debajo, sobre todo por los precios altos de los minerales y el ingreso de moneda extranjera) y que los precios de la canasta básica comenzaron a trepar por efecto del incremento del dólar y los precios internacionales.
Si el Congreso, entonces, otorga facultades legislativas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será evidente que las instituciones republicanas en el Perú ya no contrapesan a un Ejecutivo que desde el primer día de Gobierno propaló anuncios económicos en contra de la Constitución. La señal devastadora para los mercados y para los inversionistas nacionales y extranjeros será incuestionable.
Una de las medidas más criticables del paquete tributario del MEF es el intento de elevar la carga tributaria para la minería. Una carga impositiva que hoy llega al 47% de las utilidades de las corporaciones, más alta que las de Canadá, Australia y Chile, países con los que el Perú compite en captar inversiones en proyectos mineros.
Si consideramos los anuncios de la asamblea constituyente, la conflictividad social y la violencia de las minorías radicalizadas que explican más de 400 días de paralizaciones y una producción menor de 100,000 toneladas métricas de cobre de Las Bambas, y luego sumamos la propuesta de reforma tributaria, ¿acaso alguien cree que en el Perú se producirá una nueva inversión en minería? De ninguna manera.
El intento de restarle competitividad a la actividad minera –es decir, poner al sector en desventaja con sus competidores de todo el mundo–, a nuestro entender, representa un crimen social en contra de los pobres del Perú. ¿Por qué? Sin el desmadre económico y social causado por el gobierno de Pedro Castillo –incluso sin nuevas inversiones– el Perú podría estar creciendo por encima del 6% del PBI y, en muy pocos años, se podría reducir la pobreza por debajo del 15% de la población.
Sin embargo, el Ejecutivo parece más interesado en conseguir recursos circunstanciales que se esfuman en meses, en vez de apostar por la consolidación de la inversión privada como el motor principal de reducción de pobreza, tal como ha venido sucediendo en las últimas tres décadas.
Plantear el aumento de impuestos para ciudadanos y empresas en general, cuando todas las proyecciones señalan que la inversión privada se desplomará en el 2022 hasta por lo menos en dos dígitos, a nuestro entender, revela un desconocimiento de cómo funciona la economía. Sin embargo, al margen de las voluntades, contemplamos una estrategia que destruye a la inversión privada.
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