Se perderán más de 100,000 empleos por culpa del MTPE

A finales del mes pasado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promulgó el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que pone límites a la práctica de “tercerización laboral”, y que forma parte de la llamada “Agenda 19”, con el que el Gobierno de Pedro Castillo busca elevar los costos y los procedimientos de contratación y el despido de trabajadores.

La tercerización es una práctica laboral que consiste en que una empresa contrata a otra para que realice una obra o servicio relacionado con las actividades de la primera empresa (la contratista). La segunda empresa (la contratada) tiene entonces a su cargo la contratación y remuneración de los trabajadores que participan en el desarrollo de esas actividades. Esta práctica permite que la empresa contratista se especialice en sus actividades principales. Hay que señalar además que esos empleos “tercerizados” cumplen con todas las leyes laborales vigentes, y que por eso están considerados dentro del universo laboral “formal”. No obstante ello, las autoridades del actual Ejecutivo han señalado que esta práctica vulneraría algunos derechos laborales. 

Al respecto, Comex Perú acaba de publicar un extenso y detallado informe sobre las consecuencias de este Decreto Supremo. Según ese informe las actividades en las que existe un mayor porcentaje de trabajadores “tercerizados” son la minería (con 12% del total) y la industria inmobiliaria (10%); sumando ambas actividades se superan los 80,000 trabajadores. En total existen en el Perú más de 114,000 trabajadores en esta situación. ¿Cuál será su futuro con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 001-2022-TR? Lamentablemente la mayoría de ellos perderán sus empleos y pasarán a la informalidad, pues las empresas no podrán asumir los sobrecostos laborales que acarrearía la contratación directa de estos trabajadores. Y en caso de que las empresas asuman esos sobrecostos, tendrían que aumentar los precios de sus productos o servicios, con lo que perderían competitividad. 

No obstante las altas tasas de informalidad laboral existente, uno de los mayores problemas que enfrenta el país,  el MTPE está tomando decisiones que precisamente atentan contra los escasos puestos de trabajo formales. No solo es este decreto que pretende terminar con la tercerización, también están los proyectos para aumentar los costos de los procedimientos de contratación y el despido de trabajadores; incluso se pretende incrementar, de uno a tres los sueldos por año, la indemnización que se paga al trabajador por año trabajado en caso de despido injustificado. Si se elevaran de tal manera los costos para despedir un trabajador, ¿acaso las empresas no van a buscar la informalidad para enfrentar la situación? 

¿Cómo entender esta posición en contra del sentido común? La única respuesta: una alta ideologización colectivista sobre las relaciones laborales, que identifica al empresario como “un enemigo del trabajador y como una fuente permanente de explotación”. Para el MTPE el empresario no es la fuente del empleo, de innovación e inversiones, sino un “chupasangre que extrae la plusvalía de los trabajadores”. Por eso no llama la atención que para la elaboración del mencionado Decreto Supremo no se haya consultado –como debió hacerse– al Consejo Nacional del Trabajo, en el que participan los representantes de los empresarios y trabajadores.

En el informe de Comex se nos recuerda que ya otros gobiernos de “izquierda” en Latinoamérica han intentado eliminar la tercerización laboral, siempre con pésimos resultados. En Ecuador solamente el 20% de los trabajadores tercerizados fueron contratados directamente; el 80% restante de trabajadores tercerizados perdió su empleo. Y en México, la prohibición de la tercerización originó la pérdida de dos millones de puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, en el Perú pasará algo similar, y más de 100,00 trabajadores perderán sus empleos como consecuencia de este Decreto Legislativo.