Regresan bloqueos al corredor minero del sur, pero con minería ilegal

Desde el 2 de abril pasado, el llamado Frente de Defensa de los Intereses de Velille (FDIV) –en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco– desarrollan un bloqueo para impedir que Minera Las Bambas (MLB) transporte el mineral al puerto. Según los supuestos dirigentes, Las Bambas estaría incumpliendo compromisos previos por varios millones de soles para financiar obras de infraestructuras. Entre las demandas a Las Bambas también están el incremento de los aportes sociales y la mitigación de “la contaminación ambiental en el tramo Velille”, que corresponde al corredor vial del sur.

Una de las cosas que sorprende de las demandas del supuesto frente de Defensa de los Intereses de Velille es que se trata de un distrito en el Cusco, emplazado a más de 200 kilómetros de Las Bambas y que no forma parte del área de influencia directa de Las Bambas, que se emplaza en la región Apurímac. ¿Cómo entonces se exigen más aportes a una minera que financia el grueso de los ingresos del gobierno regional y los municipios de Apurímac a través del canon y las regalías?

El argumento de la contaminación ambiental es uno muy forzado, habida cuenta de que los camiones que transportan el mineral de Las Bambas son volquetes con las tolvas encapsuladas que no generan contaminación. Y el argumento aparece extremadamente tendencioso cuando se sabe de volquetes con las tolvas abiertas que transportan el mineral explotado por los mineros ilegales que empiezan a invadir las concesiones de las minas modernas, entre ellas Antapaccay, Constancia y la propia Las Bambas. En esos casos, los supuestos dirigentes comunales no dicen esta boca es mía.

Unos días atrás se conoció que la Dirección de Medio Ambiente de la policía nacional (PNP) detuvo a cuatro mineros ilegales en el puente Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en Apurímac, que transportaban 60 toneladas de cobre puro en dos volquetes con las tolvas descubiertas. La producción ilegal está valorizada en más de S/ 3 millones. Semejantes hechos comienzan a ser habituales en el corredor vial del sur sin que los dirigentes de los frentes de defensa, los sectores del radicalismo antiminero y las oenegés anticapitalistas denuncien y condenen estos hechos. Sin embargo, cuando se trata de la minería moderna, que mantiene los estándares ambientales más altos del planeta, se producen bloqueos y movilizaciones.

Nos gustaría regresar al bloqueo en Velille y las negociaciones del llamado Frente de Defensa con la minera Las Bambas. Si una empresa que ha invertido más de US$ 10,000 millones –como Las Bambas–, que explica el 75% de los ingresos de Apurímac, acepta negociar con un supuesto frente de defensa que se ubica a más de 200 kilómetros de la operación minera, que está fuera de la zona de influencia directa, es porque la compañía está siendo extorsionada por los bloqueos y la violencia. De lo contrario, no se traslada el mineral al puerto ni llegan insumos a la operación.

Ahora bien, por qué unas decenas de pobladores y dirigentes pueden bloquear el corredor vial del sur, que ha sido declarado una carretera nacional por el Estado. La respuesta es simple: porque no hay Estado de derecho ni ejercicio del principio de autoridad. Si la violencia y el bloqueo no determinan investigaciones y procesos de parte del sistema de justicia, si el Ejecutivo no restablece el Estado de derecho en las zonas mineras, entonces se generalizará la extorsión de minorías en contra de la empresas mineras modernas que pagan impuestos, generan empleo y se convierten en motores antipobreza. Es lo que está sucediendo.

Si el Ejecutivo no restablece el Estado de derecho en las zonas mineras, ¿acaso alguien cree que se relanzarán las inversiones mineras en el Perú? Imposible.