Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
La Asociación de Gremios Agrarios Productores del Perú (AGAP) y diversos economistas señalan que las agroexportaciones seguirán creciendo. Se calcula que el 2022 los envíos al exterior se incrementarán en 15%, y el 2023 se sumará la cifra récord de US$ 11,554 millones. Sin embargo, el crecimiento señalado es la expresión de la inercia de inversiones desarrolladas hasta el 2019-2020, antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que establecía regímenes tributarios y laborales especiales.
Bajo el marco de la Constitución de 1993 y la Ley N° 27360 las agroexportaciones se incrementaron en más de 1000%. En el 2001 las agroexportaciones sumaban US$ 627 millones y el 2023 sobrepasarán los US$ 11,000 millones. Es evidente que los mayores beneficiados de estas inversiones a lo largo de dos décadas (alrededor de US$ 20,000 millones) han sido el Estado y los pobres del Perú. El Estado porque la recaudación en el sector agroexportador se multiplicó de acuerdo al incremento de las exportaciones en las regiones agroexportadoras, y la pobreza descendió por debajo de la media nacional. En el caso de Piura, por ejemplo, se llegó al pleno empleo y la pobreza descendió por debajo del 10% de la población.
Sin embargo, el milagro agroexportador peruano que sorprendió al mundo con sus exportaciones de más de 600 variedades de frutas y hortalizas estaría llegando a su fin. El motivo: la incertidumbre política generada por los anuncios de la constituyente y la absurda derogatoria de la Ley N° 27360, que canceló el régimen tributario promocional y la flexibilidad laboral para contratar de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, cosecha y mantenimiento.
Luego de la derogatoria no hay nuevas inversiones para ampliar la frontera agrícola, no hay incentivos para desarrollar inversiones que pueden demandar una década para madurar. Por otro lado, la falta de flexibilidad laboral está impulsando a las actuales empresas a comprar maquinarias para mecanizar la producción agrícola.
De esta manera se afecta una fuente de empleo masivo y también los encadenamientos productivos que se desarrollaban entre las empresas grandes, medianas y pequeñas. Por ejemplo, de un total de cerca de 8,000 empresas agroexportadoras el 80% corresponde a medianas y pequeñas empresas. Si a estos hechos le sumamos que los fertilizantes se han disparado en el planeta, entonces tenemos la tormenta perfecta en contra de las agroexportaciones para los próximos años.
La posibilidad de una línea declinante en las agroexportaciones es una noticia dramática para el país y los pobres. Las regiones agroexportadoras no solo han encabezado los procesos de reducción de pobreza, sino que también han diversificado las economías regionales, creando clústers de servicios y miles de empleos indirectos.
Una de las cosas más sorprendentes de las agroexportaciones es que se han desarrollado en apenas el 5% del total de tierras dedicadas a la agricultura; es decir, en alrededor de 250,000 hectáreas. El 95% de tierras restantes está conducido por minifundistas que desarrollan agricultura de pobreza y subsistencia, sin títulos de propiedad, sin posibilidades de acceder al crédito, sin potenciales socios capitalistas y sin los más de cinco millones de consumidores de nuestras agroexportaciones, gracias a los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú.
Por todas estas consideraciones, una de las maneras más efectivas de detener los efectos destructivos de la crisis nacional en nuestras agroexportaciones es el pleno restablecimiento de la Ley de Promoción Agraria, increíblemente derogada por el Congreso presidido por Mirtha Vásquez.
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