Recaudar por recaudar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un Decreto Supremo que incrementa el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para las bebidas azucaradas, combustibles, carros y otros productos. De esta manera la administración Vizcarra optó por una política económica con gran discrecionalidad, algo muy conocido en el Perú y que siempre termina mal.

La discrecionalidad en la economía, generalmente, acaba con la predictibilidad en los mercados. Por ejemplo, ahora se aplicará un ISC de 25% a las bebidas azucaradas con seis gramos o mayor contenido de azúcar por 100 mililitros. El argumento: la lucha contra la obesidad en un país que tiene al 43.6% de la niñez padeciendo el flagelo de la anemia. Sin embargo, ¿por qué 6 gramos por 100 mililitros en vez de 50, 70 o 120? La discrecionalidad como motor de las decisiones.

Todos los peruanos de buena voluntad entendemos la legítima preocupación del nuevo Gobierno del presidente Martín Vizcarra y del titular del MEF, David Tuesta, alrededor de la necesidad de corregir la trayectoria fiscal e incrementar la recaudación tributaria. El desastre pepekausa dejó un déficit de 3.1% y una recaudación de 12.9% del PBI (sin contar las tasas y contribuciones) en el 2017. Si no hay ajustes y correcciones el camino es el fracaso hacia el 2021. Todo eso es verdad.

Pero el Gobierno ha optado por el camino más fácil, que resuelve las cosas en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo el Ejecutivo no está solucionando nada porque el problema continuará y se agravará. El asunto tiene que ver con el enorme Estado —con respecto al tamaño de la economía— que ha surgido en los últimos 17 años de democracia y que llega a consumir alrededor de un tercio del PBI nacional; es decir, aproximadamente US$ 80,000 millones.

En el largo plazo el incremento del ISC también afecta a los más pobres. Por ejemplo, el aumento de los combustibles se trasladará a los costos de los pasajes de los desfavorecidos del país, que suelen utilizar el deficiente transporte público. Igualmente el incremento del ISC a los automóviles desalentará el cambio del obsoleto parque automotor del Perú y alentará la permanencia de las combis y autos viejos, que destruyen el medio ambiente de las ciudades con las emisiones de sus motores envejecidos.

Cuando el ministro Tuesta hablaba de la necesidad de evitar los efectos  negativos del excesivo consumo de azúcar, se le notaba el esfuerzo teórico que hacía para justificar la tesis que suele plantear la izquierda para destruir a la industria alimentaria (como en la propuesta de los octógonos prohibitivos para las etiquetas de los productos). Todos los especialistas saben que mediante el incremento de los precios de las bebidas azucaradas —al margen de la oferta y la demanda— no se resolverá en nada los problemas de salud derivados del consumo de azúcar. Si el Estado no incauta el arroz con leche, los picarones, las tres leches y toda la dulcería que se produce desde la Colonia, entonces, de qué lucha contra el consumo de azúcar se está hablando. Todo aparece absurdo. La única manera de mejorar los hábitos alimenticios de los peruanos es con información y pedagogía.

Lo que sí se logrará es que se dispare la informalidad. Aparecerán bebidas azucaradas embotelladas por doquier, el contrabando de cigarrillos y de bebidas alcohólicas se multiplicarán a diestra y siniestra. Es el resultado inevitable de la sobrerregulación. En el mediano plazo más informalidad significa menos recaudación.

Como se aprecia, en el Gobierno de Vizcarra hay desesperación por recaudar. Y la desesperación no permite entender que la real solución está en reformar el enorme Estado, racionalizando gastos y funciones. Las cosas están en tal descalabro que desde el humalismo hasta el pepekausismo se incrementó en seis veces el presupuesto de los programas sociales y la pobreza aumentó en un punto. El Estado no sirve, y pretende seguir exprimiendo a los privados.