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Hace un mes, el 10 de febrero de este año, un grupo de pobladores de diversas comunidades campesinas del distrito de Torata (la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua) iniciaron acciones de fuerza contra Cuajone –una de las más antiguas productivas minas de cobre del Perú, administrada por Southern Perú– bloqueando su vía férrea a la altura del túnel R2. Según estos manifestantes, dirigidos por reconocidos agitadores antimineros, la medida de fuerza se debe a una supuesta “usurpación” de sus terrenos por parte la empresa concesionaria de Cuajone, algo totalmente falso y que Southern rechaza tajantemente.
El lunes pasado, más de dos semanas después del inicio del bloqueo, los manifestantes radicalizaron sus medidas. Además de impedir el paso del concentrado de cobre por la vía ferroviaria, también tomaron –de manera violenta, y agrediendo a efectivos de la Policía Nacional del Perú– el reservorio de Viña Blanca, que abastece de agua al campamento de Cuajone, y cerraron las válvulas que permiten el abastecimiento de agua de la unidad minera. Con ello, paralizaron la producción de cobre de Cuajone, y además han puesto en riesgo la salud y la vida de más de 5,000 personas, los trabajadores y sus familiares que viven en el campamento minero, pues el corte de agua afecta a la mina, a las viviendas, a las áreas comunes y hasta a un hospital.
Como hemos señalado en este portal en diversas ocasiones, absolutamente nada justifica los actos de fuerza reñidos con la ley y en contra de las empresas mineras. ¿Qué tiene que ver un reclamo judicial con la legitimación de actos de fuerza? Por otra parte, ¿por qué el Estado ha abandonado de tal forma a las empresas con las cuales ha firmado contratos? Toda la zona minera del sur del Perú se ha convertido en una especie de Far West, en el que no existe el estado de derecho y no se cumplen las leyes ni la Constitución peruana. La minería está bajo ataque en el Perú, y las cosas se han agravado desde que Pedro Castillo asumió el poder, nombrando como primeros ministros a reconocidas personalidades antimineras, como Guido Bellido y Mirtha vásquez, quienes incluso iban a las zonas mineras a soliviantar a los pobladores contra las empresas.
En caso de Cuajone y Southern Perú, es obvio que la empresa no ha usurpado terrenos de ninguna comunidad. Desde 1951, la compañía tiene derechos otorgados y autorizados por el Estado peruano dentro de las concesiones mineras; y también derechos de servidumbre respecto de su infraestructura: línea de agua, reservorio, ferrocarril, líneas de transmisión eléctrica, carreteras, etc. A pesar de ello, Southern ha estado siempre abierta al diálogo con las comunidades campesinas de Torata, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros.
No obstante estos esfuerzos, la intransigencia y violencia de los grupos radicales antimineros no permite alcanzar un acuerdo pacífico. Incluso han llegado a condicionar la suspensión de las medidas violentas a un pago de ¡US$ 5,000 millones! por parte de la empresa; algo que no tiene ningún sentido. Mientras tanto, el bloqueo de las actividades mineras está generando un grave perjuicio a la Región Moquegua, cuya economía depende en gran medida del canon y los impuestos generados por la producción de cobre de Cuajone.
Sin lugar a dudas, la cada vez más feroz ofensiva contra la minería es una clara demostración de que el Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre pretende destruir esta actividad, una de las columnas centrales del modelo económico, con la intención de aumentar la pobreza y el descontento social. Y sobre la base de esta tragedia, legitimar la propuesta de una asamblea constituyente.
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