¿Qué sucede? ¿Estamos aceptando que se desmonte el modelo económico?

Cuando una economía se ralentiza o se lentifica el crecimiento, luego de un periodo de incesante crecimiento y reducción de pobreza, existen dos opciones: el desarrollo de reformas promercado o la involución hacia modelo estatistas que crean una ilusión pasajera de prosperidad (con las expropiaciones al sector privado) y que termina en una generalización de la miseria y la pobreza. El camino de reformas promercado es el que emprendieron Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y todas las economías que alcanzaron el desarrollo y el segundo es la tragedia que escenificó Venezuela con más del 80% de la población en pobreza y más de 5 millones de ciudadanos refugiados.

Hoy, en el Perú, el pasado gobierno de Castillo y las propuestas de la constituyente y las nacionalizaciones, han frenado el crecimiento y la sociedad ha vuelto a aumentar la pobreza. Las proyecciones indican que la economía crecerá 1% este año y la pobreza seguirá aumentando. De esta manera este flagelo social que antes de Castillo llegaba al 20% podría llegar al 30% de la población.

Ante esta situación, el Ejecutivo y el Congreso no parecen interesados en lanzar reformas promercado y marcan distancias de todo aquello que sea la defensa del modelo económico que, durante tres décadas, posibilitó cuadruplicar el PBI y alcanzar los mayores niveles de reducción de pobreza de nuestra historia republicana. Nadie impulsa la reforma de la educación, de la salud, la inversión en infraestructuras, la simplificación del Estado burocrático y las reformas laborales.

El Ejecutivo, por ejemplo, en un acto carente de toda racionalidad económica, en la práctica, pretende nacionalizar la política petrolera con la adjudicación directa -sin una licitación internacional- de los lotes petroleros I, VI y Z-69 en el norte del país. En otras palabras, la actividad subsidiaria del Estado con respecto a la actividad privada, consagrada en la Constitución, es letra muerta. Si agregamos que Petroperú continúa sin mayores modificaciones en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara que suma más de US$ 6,000 millones de dólares y que, de otro lado, la empresa estatal ha solicitado aportes de capital por más de US$ 2,000 millones la pregunta que emerge es, ¿qué tiene que ver el actual modelo de Petroperú con la Constitución y la economía de mercado?

Si las cosas siguen por esa ruta se destinará más de 1% del PBI al salvataje de una empresa que solo sirve a los burócratas y es una suma de irregularidades y corrupción. El Congreso y todos los peruanos de buena voluntad debemos detener esta sangría de recursos estatales.

Si las cosas están mal en el Ejecutivo con respecto al modelo económico, las cosas no están mejor en el Congreso. El Legislativo no se atreve a derogar los decretos laborales de Castillo que fomentan la guerra de clases entre trabajadores y empresarios y tampoco se propone restablecer la Ley de Promoción Agraria (ley 27360), norma clave para relanzar las inversiones en el sector agroexportador. Asimismo, el Congreso ha comenzado a aprobar leyes que terminan con la meritocracia docente y ponen en peligro la Carrera Pública Magisterial (CPM). Vale destacar que la reforma educativa es sinónimo de crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo.

Igualmente vale señalar que el Congreso está repleto de iniciativas que proponen acabar con el sistema privado de pensiones -si bien con muchos problemas y urgido de grandes reformas- para que solo quede el sistema de reparto o sistema estatal, a través de la Oficina de Normalización Previsional, modelo que en Perú y la región solo ha significado la expropiación de las pensiones de los trabajadores.

Es evidente, pues, que luego del fracaso del golpe de Castillo, los poderes del Estado no parecen entender que detrás del proyecto de la constituyente estaban las propuestas que el Ejecutivo pretende implementar en Petroperú y que el Congreso acaba de aprobar con respecto a la meritocracia docente, además, de todas las iniciativas de la izquierda comunista que pretenden acabar con el modelo económico.