Presidente Castillo, ¡declare estado de emergencia en el Corredor Minero!

La administración Castillo debe proceder a la necesaria y urgente declaratoria del estado de emergencia en las provincias cusqueñas que conforman el Corredor Minero del Sur peruano (sobre todo en Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas en Apurimac) ¿Por qué? Desde el pasado martes, otro bloqueo –esta vez en la provincia cusqueña de Espinar– amenaza a las principales operaciones cupríferas del Perú, entre ellas Las Bambas, Antapaccay y Constancia.

Este nuevo bloqueo en el corredor vial del sur sucede horas después de que se solucionara el conflicto social en Chumbivilcas, donde las comunidades y sus dirigentes llegaron a un acuerdo con Las Bambas y el Estado. En Espinar 13 comunidades exigen un nuevo Estudio de Impacto Socio Ambiental (EISA) del proyecto Coroccohuayco, una ampliación de la actual operación Tintaya de la empresa minera Antapaccay. Pero, ¿cuál es la demanda principal? Los dirigentes de estas comunidades indican que son afectados ahora por la operación Tintaya, y por ello exigen un resarcimiento económico de la continua contaminación a la que están expuestos.

No obstante, no existe ningún estudio médico, ambiental o técnico que determine lo que los dirigentes sostienen. Es más, como ya lo hemos reportado en reiteradas ocasiones, según un informe difundido por el Ministerio del Ambiente en marzo, un estudio técnico realizado por diversas instituciones, no se ha encontrado ninguna contaminación ambiental “por parte de algunos componentes de la operación minera”. A pesar de ese informe, las comunidades y sus dirigentes, hoy movilizados, exigen un resarcimiento económico. ¡Increíble!

Pero ¿por qué suceden los continuos bloqueos en el corredor minero? Por varias razones; entre ellas porque ha desaparecido todo estado de derecho, todo cumplimiento de la ley y el orden, y en la práctica la zona ha sido abandonada por el Estado y entregada a algunos dirigentes, que son asesorados por especialistas en crear conflictos. Asimismo, en la zona actúan organizaciones no gubernamentales de izquierda que desarrollan estrategias contra la minería moderna. Más precisamente, Derechos Humanos Sin Fronteras, la ONG que asesora, empodera y capacita a las comunidades.

Todo indica que continuará la crisis en esta zona minera, desde donde sale más del 50% del cobre nacional y vital para las venas económicas del país. El ex primer ministro, Guido Bellido, lo que hizo durante más de 60 días fue agudizar el conflicto en la zona, haciendo promesas difíciles de cumplir, y además generó discordias entre las propias poblaciones y las comunidades, al punto que en una carta dirigida al mandatario solicitan su cambio como “interlocutor válido” 

Presidente Castillo, declare el estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur. Si usted quiere, como dijo, que las inversiones privadas en minería continúen, es necesario y urgente tomar medidas rápidas en esta zona estratégica, recuperar el Estado de derecho y hacer más eficiente el uso de los inmensos recursos económicos estatales generados por el canon y las regalías mineras, que este año sobrepasarán los S/ 5,000 millones.