Poder Judicial: Aduviri todavía no está absuelto

Un comunicado de la Corte Suprema aclara que no se ha declarado inocente a Walter Aduviri Calizaya, recientemente elegido gobernador de la Región Puno con una clara propuesta antisistema y anti inversión. Aduviri fue acusado y procesado por el delito contra la paz pública en forma de disturbio. En diciembre del 2017 la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno lo condenó a siete años de prisión efectiva y al pago por reparación civil de S/ 2 millones.

La Sala Suprema del Poder Judicial falló anulando el juicio y ordenó el inicio de uno nuevo y la liberación del condenado Aduviri. La Fiscalía deberá acusarlo nuevamente por los actos vandálicos del día 11 de mayo de 2011, que causaron destrozos a la propiedad pública y privada en Puno y la anulación de la concesión de la mina de plata Santa Ana.

La Sentencia de Casación Nº 173-2018-Puno dispone un nuevo juzgamiento a cargo de otro colegiado en primera instancia. Sin embargo, todavía sigue llamando la atención cómo, de manera imprevista, dos días antes del proceso electoral del domingo 7 de octubre —para elegir alcaldes y gobernadores regionales—, la Sala Suprema declaró fundado el recurso de casación presentado por el dirigente aymara y candidato, de manera clandestina, a gobernador de Puno.

La decisión de la Sala se fundamenta por no haberse observado “el precepto procesal y la vulneración de la garantía de motivación en la sentencia expedida el 29 de diciembre del 2017 por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Puno”. Los vocales de la Sala Suprema confirmaron que Aduviri fue condenado por un delito distinto a la acusación fiscal.

Así como Aduviri usó la violencia para detener el proyecto de plata Santa Ana en 2011, un grupo de dirigentes aymaras está amenazando ahora al Gobierno de Martín Vizcarra con usar la violencia si el Estado peruano le paga a la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation los S/ 103 millones de la reparación civil ordenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esto debido al Proyecto de Ley Nº 3121-2017, presentado el pasado 17 de julio por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y su primer ministro, César Villanueva, con el fin de cumplir las sentencias del CIADI, de acuerdo a los tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú. Al respecto vale recordar que en el denominado “aymarazo”, el Gobierno de Alan García canceló la concesión de plata de Santa Ana, y Bear Creek presentó una demanda contra el Estado peruano en la Corte Internacional.

Aduviri, no contento con haber detenido el proyecto de plata en 2011, ahora plantea hacer lo mismo con el proyecto Fachani, una enorme reserva de litio de más de 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio, ubicada en Macusani (provincia de Carabaya, Puno). Con ese objetivo, ha planteado que la minería artesanal se convierta en la alternativa a las grandes inversiones para la explotación del litio en Puno. Una locura. En ese contexto, mientras Bolivia firma contratos con empresas alemanas no solo para extraer litio de sus yacimientos de Potosí sino, además, para fabricar baterías de este metal, al electo gobernador de Puno se le ocurre volver a la edad de piedra, pretendiendo extraer litio con pico y lampa.

Vladimir Cerrón —el también recién elegido gobernador de Junín— junto a Gregorio Santos, del Movimiento de Afirmación Social (MAS), se han vuelto a reunir para organizar un frente de las izquierdas más extremas del país. Aduviri está con ellos, y si Elmer Cáceres es elegido gobernador de Arequipa en segunda vuelta, las inversiones en minería estarán en peligro. ¡El eje antisistema está en marcha!