A inicios del nuevo milenio diversas proyecciones y economista...
Acaba de conocerse que los representantes de los agroexportadores nacionales, presentes en Fruitlogistica Berlin 2022, se han propuesto establecer más de 6,000 contactos comerciales y consolidar la calidad de las exportaciones en los mercados mundiales de frutas y hortalizas.
La comitiva, encabezada por PromPerú y la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), está integrada por empresarios y productores de la Libertad, Cajamarca, Ica, Áncash, Piura, Lambayeque, Junín y Tumbes, entre otros. En la mencionada feria internacional se ha destacado la calidad de decenas de frutas y hortalizas nacionales.
La voluntad de los agroexportadores nacionales de continuar invirtiendo en el Perú merece destacarse y subrayarse. Sobre todo porque las medidas en contra del sector agroexportador no solo provienen de este Gobierno, sino que también tienen sus antecedentes en la decisión de derogar la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) durante la pasada administración Sagasti.
Como solemos recordar en este portal, bajo la vigencia de la Constitución y la Ley 27360, que establecía un régimen tributario y laboral especiales, en dos décadas las agroexportaciones crecieron de US$ 850 millones a cerca de US$ 8,000 millones, se llegó a contratar a más de 1.5 millones de trabajadores (con todos sus derechos laborales y beneficios reconocidos) y la pobreza disminuyó por debajo de la media nacional en las regiones agroexportadoras. Por ejemplo, en Ica, una región con alta diversificación exportadora agraria, en determinados años casi se llegó al pleno empleo, y la pobreza se redujo por debajo del 10% de la población.
Pero eso no es todo. Ante las campañas que demonizan las agroexportaciones –sobre todo reduciéndolas a la gran inversión– vale señalar que de alrededor 8,000 unidades agroexportadoras en el Perú, el 80% corresponde a micro y pequeñas empresas. Es decir, las grandes y medianas inversiones se convierten en los vagones que jalan al desarrollo y el crecimiento al gigantesco sector de minifundistas del país.
Planteada las cosas así, igualmente, vale subrayar que las agroexportaciones se desarrollan en alrededor de 250,000 hectáreas de las tierras dedicadas a la agricultura. Es decir, apenas sobre el 5% de las tierras agrícolas. El 95% restante de las tierras es conducida por 2.2 millones de minifundistas que desarrollan una agricultura de subsistencia y de pobreza. Por todas estas consideraciones, es incuestionable que la única manera de sacar a los minifundistas de la pobreza pasa por extender todos los beneficios de la agroexportación a toda la agricultura nacional. Por ejemplo, las agroexportaciones tienen un mercado potencial de más de 5,000 millones de consumidores (gracias a los 22 tratados de libre comercio que ha firmado el Perú), mientras que los minifundistas solo le pueden vender a los 33 millones de peruanos.
En ese sentido es urgente titular los predios de los agricultores, otorgar infraestructuras (carreteras, agua y otros) y promover la asociatividad de las pequeñas unidades para crear economías de escala. Sin embargo, la agricultura está condenada al estancamiento y los minifundistas no tendrán alternativa si es que no se restablece la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria, absurdamente derogada por el anterior Legislativo.
El Perú necesita un sistema tributario promocional para atraer nuevas inversiones y convertirse en una potencia agrícola mundial. Igualmente necesita recuperar la flexibilidad laboral para contratar trabajadores de acuerdo a la estacionalidad del agro: siembra, cosecha y mantenimiento.
En cualquier caso, el Congreso es el encargado de salvar a las agroexportaciones y enfrentar los planes colectivistas del Gobierno de Pedro Castillo.
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