Perú se consolida como segundo productor mundial de cobre

El año pasado el Perú produjo 2,755,066 toneladas métricas de cobre (TMC), un incremento anual de 12.7% con respecto al año anterior. Según el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP) semejante logro del país fue posible porque Las Bambas empezó a producir con normalidad desde el segundo semestre del año pasado y por el extraordinario aporte de Quellaveco en Moquegua. En este contexto, vale subrayar que las empresas que lideraron la producción nacional de cobre son Sociedad Minera Cerro Verde con el 16.9% de participación total, Compañía Minera Antamina con 15.8% y Southern Perú Cooper Corporation con 13.6%.

Vale destacar que las transferencias de la minería a través del canon minero, las regalías mineras (legales y contractuales) y el derecho de vigencia de la penalidad representaron más de S/ 7,600 millones.

Con estos resultados, el Perú mantuvo el segundo lugar como productor mundial de cobre, a pesar de la elevada conflictividad social y los problemas sociales que retrasan y bloquean la cartera de inversiones. El Congo, el competidor circunstancial más cercano del Perú, se quedó en el tercer lugar con cerca de 2,500,000 TMC de producción anual de cobre.

Cuando se conocen estas cifras y resultados uno se pregunta sobre cuántas oportunidades pierde el Perú por la conflictividad social artificial que se organiza alrededor de determinados proyectos emblemáticos y que terminan con la paralización de las inversiones. Por ejemplo, si analizamos con detenimiento cuáles son los argumentos medioambientales o ecológicos que justifican la paralización del proyecto Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca encontraremos que todo es una suma de leyendas y relatos. No hay razonamientos atendibles.

La paralización de Conga desencadenó el bloqueo de los proyectos del llamado cinturón de cobre del norte, entre ellos el propio Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay y otros. Si las mencionadas iniciativas estuviesen en etapa de producción le agregarían alrededor de 1.5 millones de TMC a la producción nacional y de lejos el Perú se consolidaría como el segundo productor mundial del metal rojo e, incluso, avanzaría a disputar la primacía con Chile.

Pero eso no es todo. Si los proyectos del cinturón de cobre del norte estuviesen en producción –como debió suceder algunos años atrás– el Perú estaría creciendo sobre el 5% anual y la pobreza en el país debería caer debajo del 15% de la población en muy pocos años. Y, en el caso de Cajamarca, hoy convertida en una de las regiones más pobres con el 44% de su población afectada por este flagelo, la entrada en producción de las minas del cinturón de cobre del norte posibilitaría que alcance uno de los ingresos per cápita más alto del país. Algo más. Las señaladas minas en producción demandaría la formación de un clúster minero, con una sola huella ambiental, la creación de una industria de provisión de equipos y servicios, y la construcción de un ferrocarril para trasladar el mineral al puerto.

En otras palabras, un área de pobreza en el norte del país se convertiría en una región de crecimiento y prosperidad. Cuando cualquiera proyecta estos resultados tan positivos para los más pobres se pregunta cómo el radicalismo antiminero y el extremismo pueden movilizarse para detener las inversiones en minería.

Igualmente, en el sur existen todas las condiciones para formar otro clúster minero alrededor de la producción de cobre y demás minerales en Arequipa, Apurímac y Cusco.

Como se aprecia con absoluta claridad, oponerse a la minería moderna representa un verdadero crimen social en el país.