Perú, potencia agroexportadora mundial con nueva ley de promoción agraria

El Perú necesita con urgencia una nueva ley para promover inversiones en la agroexportación, que reemplace los vacíos dejados por la absurda e increíble derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), perpetrada por el gobierno provisional de Francisco Sagasti. Desde la derogatoria de la señalada ley se calcula que se han dejado de invertir en 30,000 hectáreas y, en los últimos meses, se vienen perdiendo 100,000 empleos formales cada mes por las nuevas normas laborales.

Si el milagro agroexportador –que ha colocado al Perú entre las potencias agrarias del planeta– se ha desarrollado en alrededor 250,000 hectáreas, perder inversiones potenciales en 30,000 hectáreas es una caída enorme, incalculable en términos económicos y sociales. Si con el desarrollo de las agroexportaciones se crean alrededor de un millón de empleos –entre directos e indirectos– registrar 100,000 empleos formales menos cada mes es un verdadero crimen social, considerando la lucha contra la pobreza en la sociedad.

Se habla de un milagro agroexportador en el país porque en dos décadas los envíos en frutas y hortalizas se incrementaron de US$ 651 millones a más de 10,000 millones en la actualidad. Una de las claves de este modelo fue que, en la ley de promoción derogada, se estableció un régimen tributario promocional para toda la agricultura (grandes, medianos, pequeños y minifundistas) de 15% de renta. El resultado fue asombroso: el Estado incrementó en más de 1000% sus posibilidades de recaudación en el sector, mientras se captaban US$ 20,000 millones en inversiones. Por otro lado, en las empresas no se dejaba de reinvertir las utilidades. Las tasas de crecimiento de las agroexportaciones incluso superaban a las asiáticas.

Otra de las claves de la ley derogada por Sagasti y el progresismo fue el régimen de flexibilidad laboral que –al igual que en los países desarrollados– permitió incrementar el empleo formal de 460,000 (entre directos e indirectos)en el 2004 hasta más de un millón en la actualidad. Algunas empresas llegaban a contratar a más de 10,000 trabajadores, con todos los derechos sociales reconocidos, por temporada, ya sea para la siembra, el mantenimiento y la cosecha. En las regiones agroexportadoras el salario agrario superó largamente la remuneración mínima vital y la pobreza cayó muy debajo de la media nacional. Ica, una región agroexportadora por excelencia, tiene una tasa de pobreza debajo del 6% y, en realidad, parece otro país (el Perú tiene cerca de 30% de pobreza).

La ley agraria que promulgó el gobierno de Sagasti es una de corte socialista, porque promueve la sindicalización de trabajadores, la negociación por rama, la contratación preferente de los trabajadores previos. Es decir, elimina de un plumazo la flexibilidad laboral que tantos círculos virtuosos ha creado.  En el colmo de los absurdos establece una bonificación especial agraria que instituye un salario agrario 30% por encima del salario mínimo vital nacional. Con esta medida las pequeñas empresas formalizadas, obviamente, se pasaron a la informalidad.

Por todas estas consideraciones, el Perú necesita una nueva ley de promoción agraria que relance las inversiones en las agroexportaciones. Con el destrabe de Chavimochic III, Majes Siguas II y los avances en Chinecas, el Perú podría tener 150,000 hectáreas ganadas al desierto. Sin embargo, sin una nueva ley de promoción agraria no habrá nuevas inversiones.