Perú Libre propone control de precios y facilitar expropiaciones

La bancada de Perú Libre acaba de presentar un proyecto de ley que derriba el modelo económico establecido en la Constitución Política, que posibilitó triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% hasta antes de la pandemia. La propuesta plantea modificar los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución.

De prosperar esta iniciativa, el Perú retornarían el control de precios y la intervención de la propiedad -consagrada en contratos inviolables- de parte del poder político. Es decir, quedaría expedito el camino de las expropiaciones y las estatizaciones.

El artículo 62 de la Constitución establece que “la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”. 

La inviolabilidad de los contratos es uno de los pilares de todas las economías de mercado del planeta. Semejante protección constitucional a los contratos, por ejemplo, posibilita que las inversiones en minería, gas, petróleo y otras áreas fluya a un determinado país. En este principio constitucional está la explicación de que, en la última década, se hayan captado más de US$ 60,000 millones en inversiones mineras. 

Igualmente, el principio de la inviolabilidad de los contratos ley explica que las minerías de Chile y Perú, por ejemplo, hayan pasado a convertirse en potencias mundiales en la producción de cobre. Nuestro país es segundo productor planetario del metal rojo y este año se recaudará más de S/. 12,000 millones de soles en impuestos.

Perú Libre, con ignorancia y desconocimiento de las leyes económicas, propone que se respetarán los contratos “siempre que no afecten el abastecimiento de productos y servicios necesarios para la atención de la demanda nacional y a la balanza comercial, y que sean declarados previamente en emergencia por el Congreso a propuesta del presidente de la República”.

En otras palabras, la misma legislación que posibilitó que el gobierno chavista arrasará con la propiedad privada en Venezuela y arrojará a más del 90% de la población llanera bajo la pesadilla de la pobreza.

Con respecto al artículo 65 de la Constitución, la reforma comunista propuesta por Perú Libre propone que, bajo el Estado de excepción considerado en el artículo 137 de la Constitución o frente desabastecimiento en el mercado nacional, “el Estado puede intervenir para regular el abastecimiento y los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas públicas y privadas para garantizar el bienestar de la población”.

Los colectivistas siempre están buscando el argumento para establecer el control de precios y la regulación de los mercados. Por ejemplo, Guido Bellido acaba de proponer una comisión para investigar sobre por qué sube el dólar. Los colectivistas ignoran que los precios libres son las señales que orientan a los consumidores y los productores para regular la oferta y la demanda y organizar adecuadamente la producción.

Cuando en el Perú había controles de precios en la década de los ochenta, existían colas interminables – igual que en Venezuela- para comprar arroz, leche, huevos y el desabastecimiento era tal que surgían las especulaciones, los mercados negros y los alcapones del contrabando. Amigo lector, imagínese que, de pronto, en el Perú falte pan. Eso pasa con el control de precios.

Con respecto a los recursos naturales normados en al artículo 66, Perú Libre propone que se debe garantizar “a precio regulado el abastecimiento de productos y servicios al mercado nacional y regional en donde se explotan dichos recursos.  La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a esa norma legal”.

Más claro no cantan los gallos. Perú Libre pretende hacer pasar una reforma para posibilitar el camino de las expropiaciones y estatizaciones de la propiedad privada de acuerdo a los humores del poder político. Igualmente, pretende resucitar la tragedia del control de precios para desarrollar políticas populistas y demagógicas en busca del apoyo popular para doblegar el sistema republicano.

Es hora entonces de que los ciudadanos que marchan en defensa de la Constitución y las libertades defiendan la vigencia de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución. Es hora de convocar a los mercados formales e informales a defender la libertad de precios y la desregulación de mercados.