Persiste la tensión y crisis de MMG-Las Bambas

Cuando el precio de la libra de cobre supera los US$ 4.50 y alcanza niveles históricos, MMG-Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo, parece emplazada en el Viejo Oeste: en un lugar en el que no se respetan la Constitución, las leyes ni las autoridades. Grupos minoritarios de diez comunidades del Cusco han convertido los 400 kilómetros de la carretera del corredor minero del sur en un verdadero campo de batalla. Diversos sectores de Chumbivilcas –distrito ubicado a 200 kilómetros de la megamina–, exigen ser considerados como parte de la zona de influencia directa y demandan contratos para transportar el mineral. Ahora los contratos se consiguen ejerciendo violencia y bloqueando carreteras. 

Pero eso no es todo. Se he desatado un efecto dominó, y ya hay otros grupos minoritarios en diversos distritos que exigen demandas a MMG-Las Bambas como si esta entidad fuese el mismo Estado. Apenas termina un conflicto, empieza otro. Por ejemplo, el 13 de febrero pasado el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, visitó Ccapacmarca (en Chumbivilcas) y logró una tregua de 45 días. Sin embargo, horas después, empezó un paro en Challhuahuacho. 

De esta manera, sectores de más de diez comunidades, sobre todo en el Cusco, han convertido al corredor minero del sur en escenario de conflictos y batallas. El asunto es extremadamente grave: los economistas sostienen que si el Perú ejecutase su cartera de proyectos mineros podría estar creciendo por encima del 6% y podría reducir la pobreza por debajo del 15% de la población (hoy afecta al 25% de peruanos) en muy pocos años.

De otro lado, poco a poco, las autoridades y representantes de las organizaciones sociales de Apurímac empiezan a rechazar la conducta de los sectores del Cusco que promueven los bloqueos. En la medida que la operación Las Bambas se desarrolla en Apurímac, los lugareños empiezan a exigir que la PCM desconozca las actas y acuerdos arbitrarios con las minorías cusqueñas, sobre todo las vinculadas con contratos de servicios en base a la extorsión.

La reacción de los apurimeños no es arbitraria. Con cada día de bloqueo a MMG-Las Bambas se calcula que Apurímac pierde alrededor de US$ 9 millones. Asimismo, según el informe “Impacto económico y social de Las Bambas” de Macroconsult, MMG- Las Bambas representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% del PBI regional.

Según ese informe, antes de la operación de Las Bambas la pobreza en los 84 distritos de Apurímac se situaba por encima del 60% de la población. Luego de la llegada de la mina la pobreza está por debajo del 40%. Y es que Las Bambas es el principal motor antipobreza en la región, porque crea 8,000 empleos directos y más de 75,000 indirectos. Antes de Las Bambas, Apurímac era una de las regiones con menor ingreso per cápita. Hoy en día está por encima de la media nacional, con un ingreso per cápita de S/ 15,000.

Por todos los impactos nacionales y regionales de MMG-Las Bambas, es absolutamente incomprensible la manera como el gobierno de Pedro Castillo y los sucesivos gabinetes han abandonado el principio de autoridad y la voluntad de hacer respetar la Constitución, las leyes y los contratos.

En todo este desmadre en la zona, el principal responsable es el Estado: no solo por renunciar a declarar el estado de emergencia, para restablecer el imperio de la Constitución, sino también por la incapacidad de redistribuir adecuadamente la riqueza generada por la minería, mediante la construcción de carreteras, escuelas, postas médicas y sistemas de agua y desagüe para las poblaciones postergadas.