¡Peligro! ¡Se expande minería ilegal en corredor vial del sur!

La minería ilegal sigue creciendo en el llamado corredor vial del sur, que abarca las minas de cobre que producen el 40% del cobre nacional, sobre todo en las regiones de Apurímac y Cusco. Y de una u otra manera, se plantean interrogantes y amenazas reales en contra de la minería moderna en el Perú, aquella que paga impuestos, genera empleo y es uno de los motores principales en contra de la pobreza.

Unos días atrás se conoció de una explosión en una mina ilegal en la provincia de Chumbivilcas en el Cusco, que causó dos muertos, varios heridos y algunos desaparecidos –enterrados con vida– por el siniestro. La noticia tuvo un impacto local y regional, pero escaso interés nacional ante los escándalos y la crisis política nacional. La minería ilegal hoy parece haberse focalizado en los distritos de Velille, Livitaca y Chamaca, en Chumbivilcas, muy cerca de la concesión que corresponde a la minera Hudbay. Sin embargo, también existe minería ilegal en algunas áreas de Espinar cercanas a la mina Antapaccay. Y por supuesto, cerca de Las Bambas en Apurímac. En el distrito apurimeño de Progreso crece la minería ilegal amenazando a la mina Las Bambas y el proyecto Aquira.

Desde inicios de este año las invasiones de mineros ilegales parecen multiplicarse en el llamado corredor vial del sur. Y en el acto, surgen preguntas y especulaciones sobre el futuro de la minería moderna en esta zona y la responsabilidad del Estado de derecho de enfrentar a estas amenazas.

Las preguntas adquieren dramatismo, sobre todo considerando lo sucedido en la provincia de Pataz, en la Libertad, en donde se suceden ataques en contra de Minera Poderosa y Minera Aurífera Retama. Los ataques provenientes de una alianza de mineros ilegales con el crimen organizado internacional ya han causado 9 muertes, más de 23 heridos y el derribo de 9 torres de alta tensión de energía. Sin embargo, luego de una primera etapa, los mineros ilegales son desplazados por el control directo de organizaciones criminales internacionales.

¿Se puede presentar una situación parecida en el corredor vial del sur? Si el Ejecutivo, si las entidades del Estado de derecho –la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público y el Poder Judicial– no asumen sus responsabilidades en contra de la minería ilegal no sería nada extraño que se replique la violencia de Pataz.

El Estado de derecho debe ser restablecido, entonces, cuanto antes en el llamado corredor vial del sur. Vale anotar que el minero ilegal es el que desarrolla actividades mineras en concesiones otorgadas por el Estado a ciudadanos y empresas de acuerdo a la Constitución y las leyes nacionales. El minero ilegal, sobre todo, viola el derecho de propiedad en el país. Igualmente, el minero ilegal desarrolla minería en zonas reservadas y parques nacionales y generalmente explota el mineral sin las menores responsabilidades con el medio ambiente y, por supuesto, ignora cualquier responsabilidad fiscal. Describir la naturaleza del minero ilegal es fundamental para diferenciarlo de los mineros artesanales y la minería informal.

Ante la multiplicación de la minería ilegal en el corredor vial del sur una de las interrogantes que se plantea es cuál será la posición de los sectores radicales antimineros y las oenegés de izquierda que han apuntado a bloquear y detener la producción minera en la zona arguyendo razones y criterios medio ambientales. Hasta hoy estos sectores guardan un silencio preocupante, no obstante que la minería ilegal es sinónimo de destrucción del medio ambiente.

En cualquier caso, al margen de preguntas y especulaciones, la única manera de preservar el papel que cumple la minería moderna en la recaudación fiscal, en el desarrollo y la reducción de pobreza es restableciendo el Estado de derecho en todas las regiones mineras. No hay tiempo que perder.