Pataz: el vandalismo y los mártires de la minería

En una reciente ceremonia el Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) rindió póstumo homenaje a los 10 trabajadores victimados por bandas criminales, en Pataz, en los sucesos vandálicos ocurridos en torno a la minera Poderosa. El presidente del XV Congreso Nacional de Minería (Conamin) 2024, ingeniero Edgardo Orderique, calificó a los fallecidos como “Mártires de la minería”, y afirmó que se suman a la lista gloriosa de profesionales que entregaron su vida en favor del desarrollo del país.

“Los hechos suscitados en Pataz en contra de la minera Poderosa nos recuerdan que las acciones llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos han empoderado a las organizaciones ilegales que solo buscan generar caos y temor entre el empresariado formal”, señaló Orderique. Y tiene razón. El Estado peruano está siendo carcomido por las economías ilegales, como ha sucedido antes en otras épocas y en otros países. Si la delincuencia armada, las bandas criminales, avanzan de manera tan abierta y descarada sobre una concesión minera es por la indolencia, la negligencia o quizá complicidad de las autoridades estatales.

Es evidente, pues, que el Estado de derecho, las autoridades del Estado, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones han negligido y abdicado de sus responsabilidades frente a la Constitución y la ley. Lo sucedido con la minera Poderosa está relacionado, no obstantes las diferencias, con la violencia que ejerce el radicalismo antiminero en el corredor vial del sur –que desarrolla bloqueos sistemáticos a la carretera y asaltos e invasiones a las concesiones mineras– así como la violencia con las minas del sur de Ayacucho. Todo ello presenta al Estado de derecho en el Perú de espaldas a las inversiones mineras. En este contexto, ¿qué nuevas inversiones se podrían concretar en los siguientes meses? Parece improbable.

El ataque a la Minera Poderosa no solo es un ataque a una mina formal y moderna, que crea empleo, paga impuestos y preserva el medio ambiente, sino que es un ataque a toda la minería moderna en el Perú. Son más de 233,000 las personas que trabajan directamente en el sector minero formal y 2.1 millones quienes lo hacen de manera indirecta, lo que representa casi el 10% del PBI y el 48% de los impuestos distribuidos entre el gobierno central y las regiones.

En contraposición, la minería ilegal no solo incrementa la violencia, la trata de personas y los asesinatos, sino que también conlleva graves daños ambientales, como la deforestación y la contaminación por mercurio. Según un informe de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal tiene un costo para el Perú de alrededor de S/ 23,000 millones anuales, equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto (PBI). Solo en 2022, el valor de oro exportado ilegalmente alcanzó los US$ 1,841 millones, representando el 18% del total de las exportaciones de oro del país.

Resulta inevitable que estos sucesos violentos ahuyenten a los inversionistas privados y generan un impacto negativo en la economía. Recordemos siempre que el sector privado no solo contribuye con el 80% de los ingresos fiscales, sino que también es el principal generador de empleo, abarcando tanto los mercados formales como informales. De acuerdo con el Banco Mundial y organismos multilaterales, el sector privado ha desempeñado un papel crucial en la reducción de la pobreza en las últimas décadas, representando el 80% del total de dicha reducción.

Para superar la actual recesión económica es necesario resolver los problemas generados por la inestabilidad política y la falta de seguridad en las operaciones mineras, y garantizar un entorno propicio que atraiga y retenga la inversión privada. Solo con medidas concretas y una respuesta efectiva del Gobierno se podrá restaurar la confianza de los inversionistas mineros para que el sector mantenga el papel crucial que desempeña en la economía peruana.